Los sindicatos del sector público y el Gobierno vasco han escenificado de nuevo sus ruptura en la primera reunión de la mesa general de la función pública celebrada tras la huelga realizada el pasado 25 de octubre. “El Gobierno vasco ha rechazado las peticiones planteadas por la parte sindical, a pesar de que estas reivindicaciones fueron apoyadas masivamente por los trabajadores públicos en la huelga”, han señalado los representantes de las centrales tras el encuentro. Así las cosas el sector público vasco se mantiene en 'pie de guerra' y camina hacia un nuevo paro el 19 de diciembre respaldado por todos los sindicatos presentes en la Mesa salvo UGT. “Seguiremos movilizándonos hasta que el Gobierno vasco, el resto de instituciones y partidos políticos, tomen las medidas necesarias para que el empleo, el salario y las condiciones laborales se decidan aquí”, han señalado, en relación a la imposición del tope de subidas salariales mediante una norma básica decidida por el Gobierno central.
ELA, LAB, CCOO, Steilas, Satse y ESK han exigido de forma conjunta que además se “garanticen unos presupuestos que refuercen los servicios públicos y terminar con las privatizaciones, se cree y consolide el empleo público, se recupere la capacidad adquisitiva perdida, se garantice la salud de las plantillas y que se den los pasos necesarios para la euskaldunización del sector público y se acabe con la discriminación de genero”. Precisamente estos días se están presentando las cuentas en el Parlamento.
Durante la jornada de huelga del pasado 25 de octubre el director de Relaciones Laborales del Gobierno vasco, Jon Agirre, anunció la voluntad negociadora del Ejecutivo para intentar desbloquear el conflicto. En la reunión de este lunes el Gobierno vasco ha trasladado a la mesa una serie de propuestas para “ir creando las bases para un nuevo modelo propio de empleo público vasco con el objetivo de ir incorporando acciones de mejora del servicio público”, pero que los sindicatos han considerado que no pasan de ser “generalidades”. Las centrales han criticado que “en la primera reunión, convocada tras el éxito de la huelga el Gobierno ha vuelto a rechazar las propuestas concretas”. “El Gobierno habla de generalidades, pero sigue tomando medidas que contradicen esa supuesta voluntad negociadora. Pretende limitarse al campo de juego establecido por una Ley que fue rechazada por todos los sindicatos, la Ley de Empleo Publico vasco”, afirman.
En concreto, el Gobierno vasco ha señalado a los representantes de los trabajadores “los aspectos en los que está dispuesto a trabajar para la adecuación o modificación de las condiciones laborales y en los que existe margen de mejora”, según ha señalado el Ejecutivo en un comunicado. Son las políticas de selección y provisión de puestos y acceso al empleo público; medidas para el relevo generacional; análisis desde la perspectiva de género de licencias y permisos e implantación en todo el sector público vasco de la evaluación del desempeño y la carrera profesional. En este sentido, ha propuesto trasladar a la mesa general un documento en el que se establezcan los principales criterios de común aplicación en selección y provisión para todo el sector público en Euskadi, se ha comprometido a la finalización de los procesos de consolidación ya en marcha y cumplir que el nivel de temporalidad estructural esté por debajo del 8%.
Del mismo modo, se han planteado medidas para el impulso del relevo generacional como la adecuación de calendarios y jornadas a partir de determinada edad, así como algunas ligadas a la salud laboral. En cuanto al análisis desde la perspectiva de género de licencias y permisos, se ha propuesto crear un grupo de trabajo con los diferentes sectores y agentes sociales para coordinar y aunar la aplicación de las licencias y permisos en cada uno de los ámbitos. Por último, sobre la implantación de la evaluación del desempeño y la carrera profesional, el Gobierno vasco ha planteado elaborar un reglamento sobre desarrollo profesional y evaluación del desempeño, que contendrá los criterios básicos de aplicación al respecto en el conjunto de las Administraciones públicas vascas. “Ello tendrá un efecto económico sobre el personal y permitirá una mejora en el grado de profesionalización de todas las personas empleadas públicas y, por lo tanto, una mejora de la prestación de los servicios públicos”, se explica.
La propuesta ha sido rechazada por los sindicatos por insuficiente. Según han señalado, el Gobierno vasco manifiesta su voluntad de negociar medidas de relevo generacional, pero “se niega a implantar la jubilación parcial anticipada a través del contrato de relevo a toda la plantilla, siguen sin aplicar las primas de jubilación reconocidos en los acuerdos reguladores , y mantiene el recorte de la EPSV de Itzarri”. Y aunque aseguran desde el Ejecutivo que quiere abrir una negociación sobre políticas de selección y provisión de puestos, “toma decisiones que perpetúan la tasa de temporalidad por encima del 40%”y sigue aceptando las tasas de reposición impuestas desde Madrid e incluso se niega sistemáticamente a utilizar los estrechos márgenes que la legislación abre, aún de forma insuficiente, para realizar procesos de estabilización“.
En el tema salarial “manifiesta su voluntad de desarrollar un sistema retributivo variable”, pero las centrales critican que se quiera “dejar fuera de su aplicación a la mitad de la plantilla en relación a los trabajadores temporales”. “Y ello, con el único objetivo de no abordar un incremento salarial que busque recuperar el poder adquisitivo perdido a la totalidad de las y los empleados públicos. La excusa de los límites de la ley de presupuestos de Madrid no sirve: es falso, y cuando está interesado he demostrado una defensa más firme del autogobierno”, indican. También en la Ertzaintza se ha cerrado esa puerta. Por su parte, UGT, que no está en el bloque de las centrales convocantes de los paros, ha denunciado que el Gobierno vasco “se niega a aplicar el contrato relevo para 2024 si el acuerdo no lo firma la mayoría sindical”, por lo que se quedarán sin contrato relevo 700 laborales“.
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