El Superior vasco alimenta las protestas antiabortistas pese a que los juzgados penales las están alejando

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por el magistrado Luis Garrido, ha alimentado las protestas antiabortistas en Euskadi, una práctica ahora tipificada como delito si supone presión para las mujeres que acuden a una clínica o para los profesionales que las atienden. El alto tribunal ha estimado un recurso presentado por el colectivo ultracatólico '40 días por la vida' contra una resolución de la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, que obligaba a un grupo de antiabortistas a desplazar sus protestas contra las mujeres que acudían a la clínica Askabide de la calle de Rioja del centro de Vitoria a unos 80 metros a instancias de la dirección, según han dado a conocer en un comunicado recogido por Europa Press. Sin embargo, dos juzgados penales de Donostia han adoptado ya medidas cautelares dictando órdenes de alejamiento -la última resolución es de este mismo viernes- y uno tercero de Vitoria tiene pendiente pronunciarse también sobre este mismo caso de Askabide.

El entuerto jurídico es mayúsculo porque la vía penal prevalece sobre las demás pero, a la vez, el Superior prevalece sobre los tribunales de instancia. Fuentes de Askabide, en todo caso, entienden que no prejuzga su petición al juzgado penal de Vitoria, y aseguran también que el fallo es contra la Ertzaintza y no contra ellos y que no se les ha dado audiencia en el Superior. Además, esgrimen ya dos sentencias recordando que estas prácticas pueden ser constitutivas de delito, ambas de la clínica de la calle de Easo de Donostia y de salas diferentes. El comunicado de los antiabortistas, en todo caso, no precisa si el Superior aceptaría la orden de alejamiento si viene autorizada por una orden judicial, ya que lo que ha analizado es un acto administrativo de la directora Landa.

Europa Press recoge parte de la resolución, que reza que “la Administración actuó incorrectamente al margen de las atribuciones recogidas en el ordenamiento jurídico aplicable al exigir la modificación del lugar de reunión”. La plataforma ultracatólica remarca también que “el propio ministerio fiscal solicitó la estimación del recurso”. “La Ertzaintza, en su día, puso un protocolo interno para este caso. Nunca lo vi. Y eso que lo solicité varias veces. Ellos decidieron que no podían estar ahí y que tenían que estar a esa distancia. No hemos sido citados a un trámite de audiencia”, indica Igor Elberdin, director de las clínicas de Askabide, preguntado por este caso.

Mientras, la plataforma antiabortista ha colgado un mensaje en su página web con el título “País Vasco nos necesita” y pidiendo “apoyo a Vitoria”. “Nos faltan voluntarios en el País Vasco. El abortorio está presionando mucho. Solicitamos de los voluntarios de las ciudades cercanas apoyo para nuestros compañeros de Vitoria, con oración y presencia física en sus vigilias”, se puede leer.