El Tribunal Supremo ha emitido ya su pronunciamiento definitivo sobre el 'caso De Miguel'. El alto tribunal, según ha trascendido este jueves, atiende un “incidente de aclaración” presentado por uno de los condenados por corrupción, el exedil del PNV en Leioa Iñaki San Juan. No cambian los hechos y sigue pesando sobre él una pena por conductas delictivas en torno a la empresa pantalla Errexal pero evitará la entrada efectiva en prisión por un nuevo cómputo de los delitos por el cual ninguno pasa de los dos años. Es el mismo criterio que se le había aplicado a Josu Montés, otros los imputados.
En concreto, según recoge Europa Press, sus condenas de cárcel serían de dos años por el delito continuado de malversación y de un año, nueve meses y un día por el de falsedad de documento mercantil. La sentencia prevé también la disolución de Errexal, que ha seguido operando estos años bajo el nombre de Perexila Proyects.
Este paso convierte ya en firme la sentencia después de 14 años de causa judicial. Así, se abre la puerta a la ejecución de las penas, incluido el acceso a prisión de quienes no pueden eludirlo. Son Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, exdirigentes del PNV de Álava, y Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco en tiempos de Juan José Ibarretxe. Asimismo, es el paso que el Gobierno vasco esperaba para ejecutar el anunciado despido de De Miguel de la sociedad pública Hazi, donde estaba ejerciendo funciones de coordinador del grupo de pesca Itsas Garapen Elkartea con una nómina de 57.000 euros anuales que se ha ido incrementando durante la investigación e incluso desde la primera sentencia de 2019 hasta ahora.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Este pronunciamiento final del alto tribunal sí convierte en firme las condenas por corrupción y, por lo tanto, abre la puerta ya al ingreso en prisión de los inculpados. Ahora bien, eso será decidido por la Audiencia Provincial de Álava y faltan “algunos días” para que se concrete. Tiene que producirse una notificación expresa y una declaración de firmeza. Después, se iniciarán los trámites, donde los condenados podrán alegar problemas de salud. Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, por ejemplo, los han presentado en la última época.
Los acusados tienen la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional aunque no ya por los hechos, que se dan por probados, sino por la posible vulneración de derechos fundamentales. Aunque nadie se ha pronunciado aún en ese sentido y aunque durante la investigación se usó como gran baza el cuestionamiento de la causa en sí misma, nada apunta a que eso se vaya a producir, por lo que se cierra también la puerta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso sí, en el entorno de De Miguel se barajaba la posibilidad de solicitar un indulto y esa opción también se podría activar a partir de ahora.
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