La principal fuerza de la oposición en el Parlamento Vasco, EH Bildu, presentó antes de que lo hicieran PNV y PSE-EE un volumen muy alto de enmiendas que van en la misma línea que las que ahora ha accedido a aprobar el Gobierno de cara la futura ley de transición energética y contra el cambio climático, que previsiblemente será el hito final de la legislatura y de la era de Iñigo Urkullu. Entre ellas se encuentran dos de los puntos más relevantes de la propuesta del Ejecutivo, la posibilidad de crear un canon para gravar las instalaciones de renovables en zonas no urbanizables y las “desinversiones” en hidrocarburos, lo que implicará 'de facto' el final de la sociedad pública Shesa, titular del permiso de extracción de gas en La Rioja llamado Viura, o de otros proyectos como Bahía Bizkaia Gas.
Según datos muy recientes solicitados por la propia EH Bildu, el Gobierno vasco sumó el año pasado 49 millones de euros en dividendos a través de las empresas energéticas participadas por el Ente Vasco de la Energía (EVE), lo que supone un 57% más de lo que ingresó por este concepto hace cinco años, en 2018, cuando fueron 31,14 los millones obtenidos vía dividendos. Estos ingresos están sustentados esencialmente en las participaciones en Bahía Bizkaia Gas y Bahía Electricidad, que son las dos empresas participadas que más rentabilidad suponen a la sociedad pública, siete y 39,7 millones respectivamente durante el año pasado. Desde 2018 los ingresos suman 155,07 millones. A ellas se suman Enagas Transporte del Norte, Zabalgarbi e Itsas Gas. Estas sociedades están participadas por el EVE pero sin superar el 50% del capital, por lo que no tienen consideraciones de sociedades públicas.
Asimismo, de cara a la nueva ley, la coalición ha planteado también incorporar un punto al articulado de la ley para asegurar el “compromiso económico” contra el cambio climático de los próximos Gobiernos. En concreto, pide “destinar el 2,5%” del presupuesto general vasco a “medidas de acción climática”. Con las cifras actuales de techo de gasto, unos 15.000 millones, sería un refuerzo próximo a los 375 millones de euros. Se apuesta, igualmente, por analizar “con periodicidad quinquenal el impacto y la contribución” del dinero invertido en la reducción de emisiones contaminantes.
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