La teleasistencia a los mayores exige salarios que reconozcan su importancia en el entramado asistencial vasco

BetiOn , el servicio asistencial telefónico que depende del Gobierno vasco, se ha convertido en una pata importante del entramado asistencial vasco, atendiendo a cerca de 63.000 mayores, la mayoría mujeres que viven solas en sus casas, que reciben llamadas periódicas de control, o son asistidos ante cualquier emergencia tras pulsar el botón de la famosa medallita roja que estas personas llevan al cuello. En una sociedad como la vasca, con la población cada vez más envejecida -y solitaria- la labor de los que están al otro lado de esa línea telefónica es esencial. El servicio cumplió el año pasado su décimo aniversario y en esa fecha redonda el lehendakari Urkullu aprovechó para marcarse el objetivo de alcanzar las 100.000 personas usuarias en los próximos tres años y extender así el servicio de teleasistencia a todas las personas mayores de 80 años que viven solas en sus domicilios. Un objetivo que los trabajadores creen que “no se corresponde con sus condiciones laborales”. La plantilla secunda estos días una huelga que se extenderá hasta el 25 de junio, convocada por los sindicatos LAB, ELA, UGT y ESK, con el objetivo de que se reconozca en sus salarios la importancia del servicio que realizan, lo que pasa por la “equiparación” con otros convenios del sector sociosanitario. “Sectores como el de las residencias, o la ayuda a domicilio, ya de por sí precarizados, están en mejor situación que nosotros”, dice el representante de LAB en el comité de empresa, Alberto Pérez, que señala que su reivindicación incluye que sus salarios recojan “la subida del IPC, como mínimo”. La huelga tiene unos servicios mínimos, por tratarse de un servicio esencial, que obliga a que haya un personal mínimo como el que hay los fines de semana.

El servicio de BetiOn depende del Gobierno vasco, pero está subcontratado. Desde 2011 está gestionado por una UTE constituida por tres empresas: Tunstall Telvida, que tiene la mayoría del capital, Gestión de Servicios Residenciales y del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ). El convenio caducó el 31 de diciembre del año pasado, sin que se haya podido llegar a un acuerdo con la empresa por lo que la plantilla de 140 trabajadores fijos ha realizado a varias huelgas en los meses de abril y mayo que se completan con la que se extenderá ahora hasta el 25 de junio.

Los sindicatos exigen una subida mínima del IPC, en toda la vigencia del convenio, mientras que la empresa quiere un convenio a tres años en el que se aplique en el primer año, este 2022, la subida del IPC, es decir el 6,4%, pero solo a partir del momento de la firma, y los años siguientes aplicar subidas del 2,25% en 2023, y del 3,5% en 2024, independientemente de lo que suban los precios.

Pérez recuerda que el Gobierno vasco destina a este servicio 41 millones de dinero público, por lo que “no me cabe duda de que la UTE le sale lo suficientemente rentable el negocio como para poder negociar mejores condiciones para sus trabajadores”. dice. La concesión del servicio vuelve a salir a concurso en el mes de septiembre, por lo que Pérez cree que la UTE tiene urgencia en cerrar el convenio para saber cuál es el coste salarial que tiene que asumir su vuelve a presentar una oferta. Aún así, desde el mes de febrero hasta ahora no se ha producido más que una reunión entre los responsables de la empresa y el comité.

La plantilla de BetiOn se compone en su mayoría de teleoperadores y técnicos de unidad móvil, es decir los que atienden los teléfonos y los que se desplazan a los domicilios para entregar, instalar o revisar los equipos, o acudir a un domicilio por cualquier otra cuestión; personal auxiliar de administración que controlan las rutas de visitas a las casas, supervisores de los equipos y trabajadoras sociales que entrevistan a los usuarios antes de ponerles los equipos para conocer sus necesidades y les hacen visitas en caso necesario y jefes de sección que coordinan el trabajo. “En todas las categorías nuestros sueldos están por debajo del resto del sector sociosanitario”, insiste Pérez.