La Inspección de Trabajo autonómica ha sancionado con 300.000 euros a la empresa Verter Recycling, gestora del vertedero de Zaldibar, que se derrumbó y mató a dos trabajadores, por considerar que no se tomaron las medidas de prevención necesarias pese a tener constancia de que había un “riesgo inminente de derrumbe”. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este lunes la orden de hacer efectiva la sanción por “infracción muy grave”, pese a que la resolución de la sanción formada por el Director de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, tiene fecha de 1 de marzo de 2022 y fue firme el 11 de abril al no interponerse recursos contra ella. El hecho de que estuviera en marcha un procedimiento penal contra la empresa por el derrumbe del vertedero ha alargado los plazos para hacer efectiva la sanción. En él, los gestores ya han admitido que cometieron un homicidio imprudente.
La Inspección interpone la sanción por infracción muy grave contra Verter Recycling por “no adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores”. Según el informe que elaboró la Inspección de Trabajo Verter Recycling tenía constancia de la existencia de grietas días antes de que se produjese el derrumbe que acabó con la vida de dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze y, pese a ello, no hizo nada para proteger a esto trabajadores. Dicho informe, señala incluso que los responsables de la empresa conocían el “riesgo inminente” de derrumbe y que el mismo día en el que ocurrió la catástrofe aplastando a los dos trabadores bajo toneladas de residuos, el 6 de febrero de 2020, se llegó a enviar un correo electrónico en el que se alertaba de “un desplazamiento anormal”. Pese a ello, permitió que los trabajadores continuasen con sus tareas sin advertirles del peligro que corrían. Los restos Alberto Sololuze fueron localizados en el mes de agosto, medio año después de derrumbe, los de Joaquín Beltrán no llegaron a encontrarse nunca.
La sanción de la Inspección a la empresa llega justo después de que el Gobierno vasco mostrara la pasada semana su satisfacción porque un informe del Parlamento Europeo aplaude la gestión del Ejecutivo de Urkullu en todo este caso, que considera que actuó con diligencia y que fue la empresa gestora de las instalaciones, Verter Recycling, la que ocultó a los organismos de control informes decisivos que alertaban de la inestabilidad de un vaso construido en la ladera de una montaña. Otra cosa es si el Gobierno vasco va a conseguir recuperar los 28,7 millones de euros públicos que adeuda la empresa gestora del vertedero de Zaldibar en concepto de los gastos que se produjeron por trabajos de búsqueda de los trabajadores fallecidos y de estabilización realizados en la montaña. La empresa está en estos momentos en liquidación.
La causa en los juzgados se dividió en dos partes. Por un lado, los gestores de Zaldibar se han enfrentado a cargos de homicidio imprudente por su responsabilidad en la muerte de Sololuze y Beltrán, pero llegaron a un acuerdo admitiendo su culpabilidad y accediendo al abono de indemnizaciones a las familias de las víctimas a cambio de evitar la entrada efectiva en prisión. Por otro lado, se investigan los posibles delitos medioambientales asociados en un procedimiento que sigue su curso todavía.
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