“Dos o tres meses”. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha fijado este plazo este lunes como momento para la aprobación en el seno del Gobierno vasco del proyecto para la reforma de la ley educativa. Es un retraso, sí, ya que una de las iniciativas centrales de la legislatura se prometió para octubre. Más tarde se hizo para finales de 2022. Pero es un retraso ya conocido o al menos no del todo inesperado: en la negociación presupuestaria ya se fijaba el “primer trimestre” de 2023 como nueva referencia.
A partir de ahí, el calendario es una incógnita. El Parlamento suele tardar meses -o años en los casos más extremos- en tramitar las leyes, aunque si hay voluntad política acelera sus ritmos. Ha ocurrido claramente con la reciente reforma de la renta de garantía de ingresos o RGI. Sin embargo, si se aprueba en febrero o marzo, de aquí a “dos o tres meses”, la tramitación se encontrará con los parones de Semana Santa y Pascua y con el obligado 'cierre' de la Cámara durante la campaña electoral de las municipales y forales. Casi se dará de bruces con el verano. Después, tocaría volver a parar por las generales. El propio lehendakari ha mencionado estos hitos como complicación añadida para su intención de cerrar acuerdos con el Estado en materia de transferencias de competencias.
El curso 2023/2024 se antoja ya lejano, aunque el borrador ya preveía una 'vacatio legis' de dos años para algunas disposiciones. Es decir, que llegue cuando llegue la promulgación definitiva todavía quedaría margen para que los cambios desplegaran sus efectos. No hay riesgo de que se agote la legislatura sin acuerdo -en febrero de 2024 se cumplirán cuatro años de la disolución anterior de la Cámara y en julio de ese año de la efectiva celebración electoral, un plazo ampliado a causa del confinamiento por la COVID-19- pero no hay tampoco excesiva holgura.
La ley deriva de un pacto político previo suscrito en abril de este año entre PNV y PSE-EE, los partidos del Ejecutivo, y EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, las dos principales fuerzas de la oposición. La reforma acordada no solamente implica la aprobación de una nueva ley, sino también la de varios decretos concretos. Casi desde la misma firma del acuerdo, las tensiones han sido una constante. Principalmente crítico se ha mostrado Elkarrekin Podemos-IU, que entiende que el Gobierno no está dando los pasos precisos para priorizar la enseñanza pública en la comunidad autónoma con más porcentaje de alumnado matriculado en centros de titularidad privada. Urkullu, que ha ofrecido en euskera una entrevista para Euskadi Irratia y ETB1, ha recordado que la ley es de “educación” y no de “educación pública”, sin que haya detallado si ello implica algún componente político.
Urkullu ha apelado a la “equidad” y a la “excelencia” como pilares de la Educación vasca del futuro y ha garantizado que los “43 compromisos” pactados en abril serán cumplidos. Con todo, ha afirmado que el proyecto de ley que saldrá del Gobierno al Parlamento no alterará sustancialmente el borrador ya conocido y que soliviantó a Elkarrekin Podemos-IU. En estos meses, los agentes educativos también han salido a la calle, tanto con manifestaciones como con huelgas. Educación ha lamentado que se hagan protestas “preventivas” ante una ley no aprobada mientras que sindicatos, asociaciones o partidos de izquierda entienden que se pretenden mantener una escuela de dos velocidades.
En Euskadi, el cobro de cuotas en centros privados financiados con dinero público -una práctica ilegal desde hace décadas- se ha convertido en barrera segregadora. El Gobierno, hasta el momento, solamente se ha comprometido a actuar de manera “progresiva” contra esa práctica, aunque sí ha planteado algunas inspecciones concretas -este periódico ha publicado cinco casos concretos recientemente, tres de Bilbao y dos de Loiu- y que obligará a hacer públicos los precios de los servicios que se cobran en centros concertados, que necesariamente tienen que ser por conceptos no vinculados a la enseñanza.
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