El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha comunicado al menos a los presidentes de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y de Navarra, María Chivite, que pretende mantener después del final del estado de alarma previsto para el día 9 de mayo el cierre perimetral de Euskadi, la comunidad autónoma con más incidencia de la COVID-19 en la actualidad y que, aunque ha iniciado ya una fase descendente de la última ola, sigue en niveles de alerta roja con una tasa de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Esas medidas y otras que prevé mantener el Gobierno vasco al margen ya del paraguas jurídico excepcional tendrán que ser visadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) porque colisionan con derechos fundamentales como la libertad de circulación y hay una gran incertidumbre por el historial de reveses judiciales recibidos durante la pandemia desde la sala de lo contencioso-administrativo, presidida por el magistrado Luis Garrido.
Oficialmente, lo único claro es que a más tardar este viernes el lehendakari reunirá a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, un órgano llamado Labi, y que debatirán los extremos de un decreto que firmará él mismo para su entrada en vigor. Según ha adelantado, quiere darle una vigencia de “cuatro, cinco o seis semanas”. En ese tiempo, el Parlamento Vasco podría tener aprobada una ley antipandemia que ya tramita, si bien ese texto supedita los medidas más drásticas precisamente al estado de alarma. El armazón de las medidas que serán presentadas ya está diseñado y ahora está en una fase de barnizado jurídico para tratar de salvar el máximo posible de restricciones en vigor, que ahora incluyen toque de queda a las 22.00 horas y un semáforo para establecer cierres municipales y limitaciones en el interior de bares y restaurantes en las zonas en alerta roja. 71 de los 251 están en ese nivel, incluidos Bilbao y Donostia y hasta este martes también Vitoria. Pero, por el momento, el Gobierno no quiere hacer públicos sus planes.
“Hay que esperar hasta el viernes para conocer el texto del decreto. Los próximos días y semanas van a ser de gestión complicada. Requiere mucha prudencia y discreción por parte de todos. Haremos todo lo que tengamos que hacer para que las medidas cuenten con el mayor respaldo posible”, ha zanjado el portavoz del Ejecutivo de Urkullu, Bingen Zupiria. Sin embargo, a la misma hora, el cántabro Revilla ha revelado el contenido de sus conversaciones con el lehendakari y ha confirmado que se trabaja en una fórmula para dejar cerrada Euskadi. A la navarra Chivite también le ha trasladado los mismos planes en los últimos días. En el caso de otra de las comunidades vecinas, La Rioja, desde el gabinete de Concha Andréu indican que aún no han mantenido ningún contacto con Vitoria. Ninguna de esas tres autonomías se plantea mantener el cierre de sus fronteras, por lo que Euskadi quedaría como una isla en caso de que el nuevo decreto vasco obtenga el aval judicial.
Urkullu había sido el líder autonómico más beligerante con el presidente, Pedro Sánchez, en la demanda de que se prorrogara el estado de alarma. Había llegado a hablar de dos meses y su partido, el PNV, de tres. Su razonamiento es sencillo: si la situación sanitaria sigue siendo mala y hay un marco de medidas vigente y efectivo, que puede endurecerse y suavizarse, ¿por qué prescindir de él y abrir otro escenario de incertidumbre? Lo llegó a pedir formalmente por carta, pero hay malestar en la Presidencia vasca por la ausencia no ya de respuesta sino del acuse de recibo. Euskadi da ya por perdida esta vía.
“No hay opción. Lo que han hecho hoy es lo que van a hacer”, indican las fuentes consultadas sobre el nuevo decreto aprobado por el Consejo de Ministros para permitir que sea el Tribunal Supremo quien valide en última instancia las medidas autonómicas por encima de los tribunales de cada territorio, que en fases anteriores habían expresado criterios contradictorios ante propuestas muy similares o idénticas. Aunque 'de facto' retira a la sala presidida por el juez Garrido la capacidad de parar toda la arquitectura normativa vasca, el plan no termina de convencer al Gobierno vasco. “El recurso al Tribunal Supremo no es ninguna garantía jurídica. No sabemos si va a ser más o menos garantista que los tribunales superiores”, explican estas fuentes. En Euskadi miran también a Baleares, que ya ha anunciado que desea mantener una de las medidas que también convencen a Urkullu, el toque de queda. Allí, antes siquiera del pronunciamiento judicial, la Fiscalía ha pedido que no sea autorizado. “Y depende del Gobierno”, remarcan desde Vitoria.
Que el ajuste judicial ideado por el Gobierno de España no convence lo muestra la reacción de Zupiria a la noticia. “La solicitud que el lehendakari hizo tenía que ver con una extensión del estado de alarma. Ésa era la petición. [Esto] Es otra [cosa], es diferente”, ha señalado a preguntas de los periodistas el portavoz del Ejecutivo vasco, quien se ha reservado un comentario más profundo sobre las implicaciones jurídicas para cuando estudien de manera más detallada los cambios aprobados.
Este final del segundo estado de alarma contrasta sobremanera con el del primero, en junio del pasado año. En marzo, el Gobierno de Urkullu saludó su entrada en vigor como si fuera un “155 encubierto” por la centralización del mando único y cuestionó prácticamente cada medida de Sánchez en amparo del marco excepcional, como la hibernación de la economía. Así las cosas, cuando en la fase 3 de la desescalada se dio el mando a las comunidades, Urkullu adelantó la salida del estado de alarma. Lo hizo de la mano de Revilla con un acto conjunto en la muga con Cantabria. También entonces Revilla adelantó las intenciones.
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