El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha optado por dirigirse directamente a Pedro Sánchez para reclamarle que no ponga fin al estado de alarma el 9 de mayo. Según ha podido saber elDiario.es/Euskadi, Urkullu ha enviado una carta en las últimas horas al presidente del Gobierno para insistir en un mensaje que Euskadi lleva repitiendo desde que se conoció la intención de no prorrogar el marco excepcional activado hace ya medio año para contener la expansión de la segunda fase de la pandemia. Desde el Gobierno vasco, del que forman parte también los socialistas además del PNV, se entiende que la decisión no ha sido consensuada con quienes ejercen de autoridades delegadas, los presidentes autonómicos, y que abriría la puerta a un escenario sin “garantías” para mantener algunas medidas como el toque de queda o las limitaciones de movilidad cuando la pandemia dista mucho de estar superada. Euskadi, de hecho, duplica en incidencia la media española. El PNV también está presionando políticamente en las Cortes Generales e incluso ha fijado como tiempo estimado para la prórroga que cubra hasta mediado el verano.
Urkullu, que en el primer estado de alarma fue uno de los dirigentes más críticos con Sánchez y que llegó a adelantar unos días el final en Euskadi con una escenificación junto a Miguel Ángel Revilla en la muga con Cantabria, fue en otoño quien lideró la exigencia de los presidentes autonómicos para contar con un marco excepcional en el que ir ajustando las restricciones. En el caso vasco, el Ejecutivo siente que está condicionado en sus actuaciones por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y singularmente por el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, Luis Garrido, quien ha sido ponente de varios fallos que han tumbado medidas autonómicas. En declaraciones públicas, el propio Urkullu admite que antes no era partidario del estado de alarma y que entendía que bastaba con la legislación ordinaria. Ahora, conocidas algunas resoluciones judiciales que supeditan las restricciones generales de derechos fundamentales como la libertad de circulación a la aplicación de leyes orgánicas estatales, lamenta que “no se ha hecho” nada con la ley básica sanitaria de 1986 para tener un 'plan B' después del 9 de mayo.
Un informe de este jueves la comisión de expertos que asesora al Labi, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi presidida por Urkullu y encargada de decidir las medidas preventivas, incide en que “desde el punto de vista epidemiológico, medidas tales como la limitación de la movilidad nocturna, la restricción de las agrupaciones de personas o los cierres perimetrales desempeñan una función preventiva fundamental como barreras eficaces para reducir los contextos de transmisión del virus”. “Esta comisión reitera que no considera adecuado el final del estado de alarma sin contar con una garantía jurídica que permita adoptar este tipo de medidas con seguridad”, se puede leer también. La carta de Urkullu a Sánchez parece venir motivada por la petición expresa de este grupo de expertos -liderado por el asesor del lehendakari Jonan Fernández- de “intensificar cuantas gestiones sean necesarias ante el Gobierno español, con el resto de comunidades autónomas y en el propio Parlamento Vasco para configurar un marco de actuación seguro, tanto desde el punto de vista de su cobertura jurídica como desde el punto de vista de la claridad con que debe transmitirse a la sociedad”. En anteriores ocasiones Urkullu también se ha dirigido a otros líderes autonómicos para presionar a La Moncloa.
En paralelo, el Parlamento Vasco ha admitido a trámite este jueves una 'ley antipandemia' diseñada por PNV y PSE-EE con el mismo objetivo, reforzar las garantías jurídicas de las medidas que sea necesario aplicar para contener la expansión del coronavirus. Este texto, que podría ser promulgado en su versión definitiva en junio, viene condicionado en buena parte de su articulado por la coexistencia de un estado de alarma. No obstante, los partidos que conforman el Gobierno autonómico insisten en que aporta soluciones “con estado de alarma o sin él” y que no dejará las normativas al albur de recursos judiciales.
elDiario.es/Euskadi
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