El Parlamento Vasco, con los votos de la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, ha dado luz verde en su sesión plenaria de este jueves al inicio de la tramitación de la denominada ‘ley antipandemia’, que llega 14 meses después de la aparición del coronavirus y con muchos de sus artículos dependiendo de un estado de alarma que puede haber decaído antes de su definitiva promulgación, estimada para junio. Sin él, artículos como los relativos al toque de queda no tendrían efectos prácticos. También fundamenta muchas de sus medidas en un nivel de alerta roja fijado en 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días cuando el propio Gobierno aplica desde hace semanas restricciones con una tasa inferior, de 400. Nacionalistas y socialistas, que gobiernan en coalición, han defendido en la tribuna con vehemencia que el texto será válido “con estado de alarma o sin él” y que no dejará las normativas al albur de recursos judiciales, que en estos meses han condicionado en variadas ocasiones la toma de decisiones del Ejecutivo de Iñigo Urkullu.
La admisión a trámite de la norma ha suscitado la abstención de las dos fuerzas de oposición de la izquierda, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Maddalen Iriarte, portavoz de la coalición abertzale, ha sintetizado que la propuesta es “manifiestamente mejorable desde el punto de vista jurídico, político y desde luego sanitario”, así como “una chapuza lingüística” en su versión en euskara. Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha destacado que el debate se ha activado en la enésima ola, con los hospitales llenos nuevamente y las UCI cerca del “colapso”. Y ha apostillado: “Nos conocemos. No tomen esta abstención como un ‘sí’. No nos gusta el texto. Queremos consensuar un texto mejor. Si no somos capaces, nos veríamos obligados a votar ‘no’”. El lehendakari, Iñigo Urkullu, no ha seguido las intervenciones de estas portavoces.
Las bancadas de la derecha, por el contrario, no solamente han apretado el botón del ‘no’ en la votación, sino que han apretado el botón del recurso de inconstitucionalidad. Vox, directamente, ha asegurado que la norma “apesta” y su portavoz, Amaia Martínez Grisaleña, ha dicho que su formación trabaja ya en una “intervención” –presumiblemente a través de sus diputados y senadores en las Cortes Generales- para solicitar al Tribunal Constitucional que anule este texto. A Vox le han dado igual los argumentos de PNV y PSE-EE, ya que ha lanzado este duro mensaje leyendo un papel que traía preparado para la réplica. En cuanto a PP+Cs, Luis Gordillo ha incidido mucho más en las lagunas que ha detectado en la propuesta, en que es una proposición de ley de los partidos y no un proyecto del Gobierno, lo que evita informes técnicos y jurídicos. En su caso, ha asegurado que el recurso podría llegar en forma de cuestión de constitucionalidad cuando los tribunales tengan que aplicar esta norma ante un recurso de un particular. Eso sí, ha reconocido que el texto refuerza las garantías de vigencia de los decretos para controlar la expansión de las medidas porque, con el amparo de una ley, será más difícil desactivarlos ante la justicia ordinaria, como ha ocurrido hasta ahora.
En el debate se ha colado también el apartado sancionador de la ley. EH Bildu ha asegurado que “un tercio” del articulado está pensado para definir las multas, que además se fundamentan en la Ley de Seguridad Ciudadana, “en la ley mordaza”. Entre esas sanciones se incluyen multas para quienes no colaboren con los rastreadores en la búsqueda de los contactos de un positivo. Eso sí, la vacunación obligatoria no está contemplada. Ekain Rico, portavoz socialista, ha subrayado que el Gobierno central ha recurrido –y paralizado- la ley autonómica de Galicia por prever esta medida. En relación con las normas y su incumplimiento, Luis Javier Tellería (PNV) ha afirmado que “en una sociedad utópica en que todos fuéramos querubines, valdría con la recomendación”, pero ha lamentado que ese escenario no sea posible.
elDiario.es/Euskadi
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