Un enojado Iñigo Urkullu ha deslizado este jueves en el Parlamento Vasco que Euskadi no atenderá el acuerdo alcanzado sin unanimidad en el consejo interterritorial que este miércoles reunió al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas para regular la hostelería y el ocio nocturno de cara al verano en función de las tasas de incidencia de la COVID-19. “Vamos a seguir manteniendo nuestra 'hoja de ruta'. Nos vamos a esforzar en que las medidas sigan siendo tan efectivas como lo están siendo hasta ahora”, ha señalado Urkullu, quien ha recordado que precisamente este miércoles entró en vigor un nuevo decreto con ajustes en los horarios de apertura de bares, restaurantes y actividades culturales, que el Parlamento Vasco aprobará en breve una ley propia para gestionar esta fase de la pandemia y que en Euskadi existe una mesa de crisis que analiza la evolución sanitaria y propone medidas, el Labi. Por su incidencia, esa decisión obligaría, por ejemplo, a cerrar el interior de la hostelería cuando lo planteado ahora es precisamente darle más horario, hasta medianoche, tanto dentro como en terrazas.
Urkullu ha precisado que no es que Euskadi esté en contra de las medidas planteadas por la ministra Carolina Darias, como ocurrió con otras autonomías, básicamente las gobernadas por el PP. El enfado es más por una cuestión de fuero que de huevo. Se debe a la “imposición” de criterios comunes y a que se haya orillado la prometida “cogobernanza”, ha insistido el presidente vasco en respuesta a preguntas de los periodistas. “Entendemos que hay un ejercicio de invasión de competencias. Pido un poco de orden”, ha demandado.
Al lehendakari le llama la atención que Pedro Sánchez pusiera fin al estado de alarma a principios de mayo -contra su criterio- y delegara toda la gestión en las autonomías mientras que ahora pretende centralizar un marco conjunto de cara al período estival. “Es un desconcierto absoluto el que estamos viviendo con respecto a las actitudes del Gobierno español. No es ésta la actitud de cogobernanza. Sin planteamientos previos para la búsqueda de consensos, que se planteen decisiones de manera unilateral a modo de imposición, no es el resultado de un gobernanza colaborativa. Tenemos nuestras propias competencias, una 'hoja de ruta' eficaz respetando los criterios de las autoridades sanitarias”, ha señalado.
Urkullu ha puesto de manifiesto también que, en función de su población, el porcentaje de ingresos hospitalarios, ocupación de la UCI y fallecimientos es inferior al de otras zonas de España con menos incidencia. Fuentes del Gobierno vasco remarcan que, con la campaña de vacunación ya muy avanzada, “los contagios no deberían ser el índice principal” para diseñar las medidas porque sienten que las tasas de Euskadi son más altas porque se hacen más pruebas diagnósticas. La tasa actual es de 210 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, lejos de los 150 que se plantean como escenario de más riesgo y más aún de los 50 que se fijan como situación epidemiológica óptima.
El PSE-EE no contradice a Urkullu y pide a Sánchez que “respete” la casuística vasca
El lehendakari ha indicado también que el PSE-EE, que cogobierna con el PNV, le apoya en este mensaje. “Creo que es evidente que tenemos un plan aprobado en Consejo de Gobierno de manera unánime. El Labi de este lunes [que aprobó las medidas vigentes ahora] ha contado con la participación de consejeros del PSE-EE en las materias en que se vez afectados. No tengo nada que sospechar de lo que es la actitud del PSE-EE como socio de coalición”, ha remarcado.
En un comunicado, los socialistas vascos han dicho que el Gobierno de España “tiene que entender la particularidad” de la situación de cada comunidad y no han contradicho a Urkullu. Y añaden: “Es posible compatibilizar el planteamiento del Ministerio de Sanidad con el ejercicio de nuestras competencias”. “España es un territorio muy diverso y creemos que se deben respetar las casuísticas que se dan en cada autonomía y los mecanismos previstos en cada una de ellas para garantizar la salud y lograr la reactivación de nuestra economía”, aseguran. Entretanto, en Bilbao, el ministro Miquel Iceta -que es también miembro del consejo interterritorial- ha negado que la propuesta sea “una imposición” pero sí ha indicado que es de “obligado cumplimiento”.
elDiario.es/Euskadi
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