Urkullu trabaja en un 'plan B' jurídico ante el final del estado de alarma, un decreto con “medidas preventivas” para que la alternativa no sea “la nada”

El lehendakari, Iñigo Urkullu, defiende como ‘plan A’ que España mantenga más allá del 9 de mayo el estado de alarma porque es lo “jurídicamente seguro” para mantener algunas restricciones imprescindibles para contener la expansión de la COVID-19 que afectan a derechos constitucionales como la libertad de circulación o de reunión y el toque de queda. Pero, en la sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco, Urkullu ha explicado que trabaja ya en un ‘plan B’, en un nuevo decreto con “medidas preventivas sin la cobertura jurídica actual” que no ha detallado.

“La alternativa no puede ser la nada”, ha enfatizado en respuesta a preguntas sobre la evolución de la pandemia llegadas desde tres de los cuatro grupos de la oposición, EH Bildu, PP+Cs y Vox. El lehendakari ha pedido que el debate no se centre en la herramienta jurídica y sí en las medidas que son necesarias y ha repetido que España no ha hecho los deberes de actualizar la normativa sanitaria ordinaria de 1986 para poder afrontar la actual pandemia con más margen. De manera colateral, ha mencionado la ley vasca antipandemia registrada en la Cámara por los dos partidos que sostienen su gabinete, PNV y PSE-EE, que será admitida a trámite la próxima semana pero que no llegará hasta junio, según las previsiones más optimistas. No obstante, ese texto se basa en dos pilares que pueden desaparecer antes de que se apruebe, por un lado el propio estado de alarma que sostiene el toque de queda, por ejemplo, y el plan propio Bizi Berri III, cuyos indicadores ya se ha anunciado que se van a retocar en las próximas semanas.

A tres semanas del final del marco excepcional, Urkullu ha calificado la situación sanitaria como “preocupante”. La incidencia vasca duplica la media española, con una tasa de 450 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (alerta roja) y una creciente presión hospitalaria. No obstante, ha apuntado dos factores como elementos para la confianza. Por un lado, el avance de la vacunación –que ya ha reducido la mortalidad entre los más mayores- y, por otro, ha destacado que cada ola es más suave que la anterior, aunque en puridad la de noviembre fue bastante más alta que la de agosto y la ocupación máxima de la UCI en el pico que siguió a la Navidad fue más elevado que el de noviembre.

En la sesión, Urkullu ha escuchado desde la bancada de EH Bildu que sus medidas son erráticas y poco contundentes. El lehendakari ha acusado a la izquierda abertzale de plantear exclusivamente “cerrar, parar y prohibir” y ha defendido un modelo de “equilibrio dando prioridad a lo sanitario” pero mirando también a la economía. Ha confiado en que 2021 sea un ejercicio de crecimiento del PIB y del empleo. Maddalen Iriarte, en todo caso, ha lamentado que Euskadi carezca de herramientas y soberanía para poder afrontar con garantías un escenario sin estado de alarma.

Por el contrario, desde el flanco derecho -o ultraderecho- del hemiciclo han dibujado un Urkullu intransigente y autoritario, un “caudillo”, según la definición de Vox. El líder de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha llegado a manifestar que “cerrar la hostelería no combate mejor el virus”. “Aprendamos de Madrid. Copie lo que otros están haciendo bien”, le ha retado poniendo como ejemplo de buena gestión la polémica gestión de Isabel Díaz Ayuso. Amaia Martínez Grisaleña, la única representante de Vox, ha justificado algunos incumplimientos porque la ciudadanía “aprovecha para vivir en libertad las pocas libertades” que tiene y ha sugerido que debería desaparecer el toque de queda.