Vitoria tendrá que pagar 365.000 euros al Obispado por haberle “ocupado” una huerta en 2011 para hacer un parque
“Los particulares se vieron obligados a abandonar esos terrenos que cultivaban porque entraban en ellos las excavadoras”, explica la Iglesia católica sobre unas fincas ubicadas en la zona actual de expansión de la ciudad, en Gardelegi
Gardelegi tiene oficialmente 89 habitantes, según el dato de 2020, pero es muy conocida en la ciudad porque allí está ubicado el vertedero, que es el mayor de Euskadi. En el barrio-pueblo se escucha el sonido de las gaviotas que sobrevuelan los residuos y es punto de paso de paseantes los fines de semana. Preside el lugar “una iglesia muy bonita”, en definición del Obispado. Es un templo medieval con algunos ornamentos en su interior de cierto valor artístico, según el proyecto Ondare Irekia. “No tiene actividad, porque se decidió centralizarla en San Juan de Arechavaleta”, añaden las fuentes consultadas. Es el pueblo vecino, el que separa Gardelegi del barrio de Adurza de la capital. Es algo mayor, 300 vecinos originalmente, y saltó a la primera plana por el saqueo de más de 500.000 euros del alcalde pedáneo a las arcas del concejo, el pequeño Ayuntamiento de los pueblos de Vitoria. La clave urbanística es que, tras los procesos de ampliación del este (Salburua) y del oeste (Zabalagana), la zona de expansión de la ciudad es el sur, por Arechavaleta y Gardelegi. En el caso del primer pueblo, las nuevas torres residenciales ya se han comido la vieja configuración urbana y multiplicado la población, que superaba las 2.500 personas el pasado año. Y en la misma puerta de Gardelegi hay también nuevas promociones en marcha.
Dentro de este proceso, el Ayuntamiento de Vitoria urbanizó unas huertas junto a la iglesia de San Pedro. Ocurrió en 2011 aunque, según cuenta el Obispado, “se ha ido dejando” y no se han puesto las vías de solución hasta ahora. La Iglesia tenía alquiladas esas huertas por 20 euros al año -“un precio irrisorio” para una superficie de 562,93 metros cuadrados- a un particular, pero al recibir una factura les preguntó el motivo si ya no existían. Fue entonces cuando los titulares de la finca conocieron que “habían tirado el murete y que se habían hecho unos jardines y un banco”. En concreto, “los particulares se vieron obligados a abandonar esos terrenos que cultivaban porque entraban en ellos las excavadoras que iban a urbanizar toda esa zona por cuenta del Ayuntamiento”.
El concejal de Berdeak Equo dentro de la coalición con Podemos e IU, Oskar Fernández, con quien el Gobierno ha pactado tanto los presupuestos como los nuevos planes urbanísticos, preguntó a la edil responsable de Territorio del Gobierno municipal, Ana Oregi, por estos hechos. Y Oregi, que antes fue consejera en el Gobierno de Iñigo Urkullu, admite que en 2011 el Obispado comunicó al Ayuntamiento que habían urbanizado las parcelas “sin que su propietaria hubiera otorgado autorización alguna”, “sin que el Ayuntamiento las hiciera suyas previamente mediante expropiación”. Ahora, “por imperativo”, no queda otra que tramitar la “expropiación” ya hubo una “ocupación de hecho de las parcelas producida por la ejecución de las obras de urbanización”, indica Oregi. Esto ocurrió cuando el alcalde de Vitoria era el socialista Patxi Lazcoz.
Los documentos del Obispado muestran que las fincas fueron inmatriculadas en 1923 y que en los posibles planes de uso había una idea de “edificar unos salones parroquiales para desarrollar su labor pastoral”. Era “suelo urbano edificable” y “con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana la parcela dejó de ser edificable y, por este motivo, el fin previsto por la parroquia se vio truncado, sin haber visto compensada de alguna manera esta merma en sus derechos edificatorios”. ¿Por qué ha vuelto ahora a la actualidad? Al tener que reparcelar la zona, se ha comprobado que el contencioso de 2011 nunca se resolvió y que el nuevo parque sigue a nombre del Obispado. En concreto, el 15 de diciembre, la Diócesis presentó un escrito para la “regularización” de la situación, a la que llama “ocupación de hecho”. Oregi, en una sesión municipal esta semana, ha confirmado que la Iglesia católica “tiene derecho” ahora a percibir una indemnización de 365.000 euros.
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