La investigación judicial en torno al derrumbe del vertedero de Zaldibar en febrero de 2020 continúa con dificultades para avanzar. Este jueves, con motivo de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, se han pospuesto 'sine die' las comparecencias de tres funcionarios del área de Medio Ambiente del Gobierno vasco, ahora adscrita a la cartera de Arantxa Tapia (PNV) pero en el momento de los hechos a la de Iñaki Arriola (PSE-EE). La plataforma Zaldibar Argituz, constituida en la zona tras la catástrofe ambiental y que está personada, había destacado la relevancia de que es la primera vez que iban a declarar técnicos del Ejecutivo para aclarar el papel de control y seguimiento de unas instalaciones que, como se demostró en varios informes, ya presentaban riesgos de estabilidad conocidos previamente al desplome.
En todo caso, en palabras de Gaizka Zabarte, portavoz de esta entidad, “éste es un primer paso”, aunque estima que “creer que la responsabilidad institucional se limita a niveles técnicos es, cuanto menos, ingenuo”. “Las responsabilidades [en Medio Ambiente] son mucho más profundas y llegan mucho más allá de ese nivel”, ha indicado el representante de Zaldibar Argituz.
El derrumbe de Zaldibar se ha dividido en dos causas penales. Por un lado, se abrió una pieza por el homicidio imprudente que supuso la muerte sepultados de los operarios Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Ya quedó cerrada con la asunción de responsabilidades por parte de los gestores de la planta, de la empresa Verter Recycling, que abonaron indemnizaciones a las familias de las víctimas. Por otro lado, ésta es la segunda causa, centrada en los delitos medioambientales asociados a los hechos.
Explican desde Zaldibar Argituz que “la instrucción está avanzando de una manera muy lenta para lo que querría cualquiera que desee que se aclaren las cosas” y que han sido necesarias ya varias prórrogas ya que el plazo ordinario se ha ido agotando. Han comparecido ya testigos, entre ellos un perito del CEDEX, un organismo estatal especializado en obras públicas y que analizó las causas del deslizamiento de la ladera en la que estaba el vaso del vertedero de Zaldibar. Indican estas fuentes que ha quedado en el aire la posible declaración de estos funcionarios y que también podría correr la misma suerte la citación, para el martes, del representante de la empresa Geyser. Esta empresa analizó las denuncias de inestabilidad en los días previos al derrumbe y constató las deficiencias, aunque Verter Recycling hizo caso omiso de todo ello.
En cuanto a los gestores de la empresa, encabezados por el empresario José Ignacio Barinaga, no han declarado aún en este proceso. Se les ha convocado en varias ocasiones y nunca se llegaba a sustanciar. Después, cuando ya acudieron al juzgado, ejercieron su derecho a no responder a preguntas. Ahora han vuelto a ser citados para el mes de junio.
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