La Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) constituirán un grupo de trabajo que comenzará a trabajar el próximo mes de septiembre sobre el proyecto de Regadío de Tierra de Barros, que afectará a 15.000 hectáreas.
El Ejecutivo extremeño pretende que el proyecto sea costeado a partes iguales por el Ministerio, el Gobierno regional y los propios regantes. Para ello, el pasado mes de junio se presentó al MAPAMA el informe para que este proyecto, con un importe global de 195 millones de euros, sea declarado de Interés General y reciba financiación estatal.
El director general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, ha comparecido a petición propia en Comisión ante la Asamblea de Extremadura para informar de este proyecto. Ha explicado que han mantenido una reunión con la directora general de Desarrollo Rural del Gobierno central, Esperanza de Orellana, en la que ésta mostró la disposición del ministerio a estudiar los trabajos técnicos elaborador hasta el momento por la administración regional.
Destaca que la Junta ya puede demostrar al Ministerio de Agricultura que el regadío en Tierra de Barros es un proyecto viable desde el punto de vista técnico, medioambiental, social, agrario y económico, y de esta manera el Gobierno central pueda formar parte del proyecto aportando un tercio de la inversión global.
“Modernizar el sector agroindustrial”
Ha resaltado que el proyecto de regadío implica una apuesta clara por modernizar el sector agroindustrial en la zona centro de la región y asegurar los recursos hídricos necesarios a medio plazo en un escenario de futuro que conlleva la subida de temperaturas y la reducción de precipitaciones.
Además, ha explicado que también han mantenido reuniones con el Banco Europeo de Inversiones, al que presentaron el proyecto el pasado mes de julio, y que esta entidad lo ve como “potencialmente elegible” para darle apoyo financiero.
El director general de Desarrollo Rural ha señalado que el anteproyecto elaborado por el anterior Gobierno regional de José Antonio Monago contemplaba un presupuesto de 130 millones de euros y supuso, a su juicio, un “engaño” fraguado con “fines electoralistas”, ya que “en él el agua no llegaba a las parcelas de los agricultores”.
Manuel Mejías ha expuesto en su comparecencia como se ha ido completando el proyecto para que fuera viable, lo que ha conllevado una inversión adicional de 65 millones de euros a lo inicialmente previsto por el Ejecutivo del PP.
Será una realidad “lo más pronto posible”, según el director general, implica a las localidades de Aceuchal, Alange, Almendralejo, Fuente del Maestre, Mérida, Ribera del Fresno, Solana de los Barros, Torremejía, Villafranca de los Barros, Villagonzalo, Villalba de los Barros y la Zarza.
Respuesta de la oposición
La diputada de Podemos Irene de Miguel ha indicado que “el final del mito de los regadíos ha llegado ya”, porque no son sostenibles en contexto actual de cambio climático, además de destacar que más de la mitad de los titulares de explotaciones que se beneficiarán de este proyecto en Tierra de Barros tiene más de 50 años, con lo que no van a ver amortizada su inversión a corto plazo.
José Antonio Echávarri, por parte del PP y como exconsejero de Agricultura del Gobierno de José Antonio Monago, ha defendido las actuaciones realizadas por su departamento en este proyecto, que se planteó por primera vez en 1999 por parte del entonces presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Para Echávarri, el Gobierno de Monago fue el que dio el impulso a esta iniciativa con un anteproyecto que era “absolutamente viable”, a diferencia de lo que sostiene ahora la Junta de Extremadura.
La Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) constituirán un grupo de trabajo que comenzará a trabajar el próximo mes de septiembre sobre el proyecto de Regadío de Tierra de Barros, que afectará a 15.000 hectáreas.
El Ejecutivo extremeño pretende que el proyecto sea costeado a partes iguales por el Ministerio, el Gobierno regional y los propios regantes. Para ello, el pasado mes de junio se presentó al MAPAMA el informe para que este proyecto, con un importe global de 195 millones de euros, sea declarado de Interés General y reciba financiación estatal.