¡Ay, Malpartida de Cáceres!
Alfredo Aguilera, alcalde de Malpartida de Cáceres, acusado por la Fiscalía de un delito de violencia de género y lesiones leves, se declara inocente tras dos años de litigio judicial en el que la acusación pública solicita diez meses de prisión y la acusación particular dos años. Sin querer tirar por tierra la presunción de inocencia a la que todo acusado tiene derecho hasta que se pruebe su culpabilidad, lo cierto es que este caso anula el argumentario que sostienen aquellos que se manifiestan en contra de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, por ir — según ellos — contra el derecho fundamental de inocencia de los hombres denunciados por delito de maltrato. Si la sociedad considerara culpable de antemano a un imputado por violencia de género, Alfredo Aguilera hoy no sería alcalde de Malpartida de Cáceres. Esto ha sido posible gracias a sus vecinos que no han considerado importante un posible delito contra la mujer.
Pero no debemos llevarnos a engaño, que este señor haya ratificado su alcaldía recientemente es solo la confirmación de que estamos implicados en un sistema tan corrupto en su política, como en su ética; o mejor dicho, la falta de ella. Que en un municipio de 4.469 habitantes los vecinos hayan dejado el Ayuntamiento en manos de un posible criminal, es para pararse a pensar de forma seria y radical sobre la deriva ética colectiva que participa con total complicidad de la violencia machista.
Por un lado tenemos a una sociedad que exige medios, recursos y políticas específicas para la mujer y, por otro lado, entrega su voto — su confianza — al acusado; es decir, apuestan por él y así lo manifiesta. No dejo de pensar en la ex pareja del alcalde popular, a la que le ha tocado sufrir de manera pública el rechazo de sus vecinos por querer proteger no solo su vida, sino también su dignidad. Me siento avergonzada como extremeña, como mujer y como ciudadana de una región cuya idiosincrasia impide el avance social y democrático de cualquier civilización que apueste por el progreso y el avance.
Aprovecho desde aquí para lanzar un mensaje de apoyo a la expareja de Alfredo Aguilera para decirle que no solo no está sola, también para trasladarle el sentir de muchas extremeñas asqueadas por la permisividad ciudadana de unos vecinos que han logrado mantener en el poder a una persona que lo ejerció presuntamente de forma nociva en su vida personal. Ellos y ellas, parte del vecindario de Malpartida de Cáceres, han dado la espalda al vulnerable para sostener, lamentablemente, un presunto abuso y maltrato. La violencia de género no es una situación privada perteneciente al ámbito doméstico, es un problema político surgido de una realidad social que nos afecta a todas las mujeres.
La alcaldía de Alfredo Aguilera me violenta y discrimina de la misma forma que a su ex pareja. Independientemente de la sentencia, durante los dos años que ha durado el proceso, la conclusión es muy clara: nadie ha puesto en duda el cargo político de un hombre imputado por violencia de género y los resultados electorales han emitido su sentencia a favor del acusado y en contra de la denunciante. En los pueblos y ciudades pequeñas lo personal determina, a veces, el cargo que ocupa un representante político. En este caso, Malpartida de Cáceres ha hablado y ha dejado patente la rancia realidad social del tercer municipio más poblado de la mancomunidad cacereña. Es la realidad de España, en definitiva.
