La exalcaldesa socialista de Cáceres Carmen Heras y el exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado se enfrentan a la pena de un año y nueve meses de prisión al estar acusados como responsables de la contaminación acústica en la zona de ocio de La Madrila del 2007 al 2011.
El escrito de la Fiscalía solicita además la pena de tres años de prisión para los once empresarios al frente de los nueve establecimientos de copas que están denunciados en esta causa.
Tras una larga instrucción, de casi cinco años, el caso del ruido de La Madrila llegará por fin a juicio y volverá a sentar en el banquillo a Heras, que fue condenada a ocho años de inhabilitación por la forma de pago al Festival Urban Screen.
En ese caso la sentencia no es firme y va a ser recurrida por su abogado Emilio Cortés, tras rechazar el Juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres la aclaración sobre la inhabilitación que había solicitado.
La Fiscalía apunta que los barrios cacereños de La Madrila y Peña del Cura habían sido declaradas Zona Ambientalmente Protegida en diciembre de 1996.
A pesar de lo cual, indica, “los vecinos al menos desde el 2007 han estado sufriendo unos niveles de ruido en el interior de sus domicilios emitidos por los establecimientos de ocio”.
Para el Ministerio Fiscal, ni la exalcaldesa ni el exconcejal “han adoptado cada uno dentro de sus competencias las medidas idóneas para la protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos”.
Los ruidos siguieron
Así, expone que se adoptaron sanciones económicas que “no impedían la continuidad de los ruidos” o “no resolvían los expedientes”.
Además de la pena privativa de prisión, se solicita para ellos la inhabilitación para empleo o cargo público durante un periodo de diez años.
Los locales afectados son Maquiavello, LaBelle, Tacones, Submarino, La Cuerda, Súgar, Down, Barroco y Latinos, para los que se solicita su clausura.
A sus once responsables también se les exige el pago en concepto de responsabilidad civil para una veintena de vecinos cuyas cantidades tendrá que decretar la Sala.
Lo que sí fija es el abono de 20.000 euros en total a cuatro vecinos por parte de los responsables del local situado en la calle Santa Teresa de Jesús, que ha tenido varios nombres, entre ellos Tacones.
La Fiscalía señala que esta exposición continuada al ruido ha causado situaciones de depresión y ansiedad a los vecinos, por los trastornos del sueño.