El Pleno de la Diputación Provincial de Badajoz ha aprobado este viernes por unanimidad una moción en defensa de las instituciones provinciales, así como de los cabildos y consejos insulares, y en contra de su posible desaparición, ha informado la entidad mediante una nota.
Esta decisión se ha adoptado en el transcurso de una sesión del Pleno en la que los grupos políticos también han coincidido en aprobar una moción para instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que adopte todas las medidas legales posibles para evitar el cierre de la mina de níquel “Aguablanca” de Monesterio (Badajoz).
En cuanto a la moción en favor de las diputaciones provinciales, los grupos políticos han recordado “la misión” de estas instituciones de cooperar en la vertebración territorial y velar por la igualdad y el acceso de todos los ciudadanos a los servicios que necesiten.
En este sentido, se ha exigido al futuro Gobierno central “el respeto” a estas instituciones para “no castigar” a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en los municipios rurales.
La Diputación pacense también indica que el presente inmediato de las diputaciones no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto con los Ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones modernas y eficaces.
El presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, ha apostado por abrir un debate sobre esta reforma pero su desaparición “sería algo erróneo, fallido y sólo generaría desigualdad”.
Por otro lado, el pleno ha aprobado el “Plan de Formación 2016”, resultado del “Análisis de Necesidades Formativas” realizado en diciembre y enero pasados mediante cuestionarios de evaluación de necesidades y entrevistas personalizadas.
La propuesta aprobada se refiere a las actividades formativas necesarias para 2016 en su totalidad, el “Plan Agrupado de la Provincia de Badajoz”, que incluye las acciones que se van a financiar con fondos propios de la Diputación.
Las actividades formativas que serán financiadas en un principio y de manera inmediata por la propia Diputación suponen un total de 110.000 euros, que impulsarán 77 cursos en distintas áreas y materias.
Una vez que la Junta de Extremadura establezca el proceso por el que la administración local puede acceder este año a los fondos de Formación Continua, se comenzará a desarrollar la totalidad del “Plan Agrupado de la Provincia de Badajoz”.
“Toda vez que el año anterior, por cambios de tipo legislativo en el sistema de formación, la financiación necesaria no pudo hacerse efectiva con el tiempo necesario para ejecutar las actividades previstas”, se ha indicado.
En la otra capital
En Cáceres los Grupos Socialista y Popular de la Diputación han aprobado también hoy en sesión plenaria una moción conjunta en defensa de las instituciones provinciales, en la que se ha abstenido el diputado de Ciudadanos (C's).
La moción, en cuyo texto se ensalzan los servicios que realiza la Diputación en los municipios pequeños, insta a los ayuntamientos de la provincia, a la Junta de Extremadura y al Gobierno central a respaldar el mantenimiento de las instituciones provinciales.
El portavoz socialista en la Diputación, Fernando García Nicolás, ha manifestado que en una provincia como Cáceres, extensa y de pequeños municipios, la Diputación es “esencial” para “la calidad de vida de los ciudadanos”.
Asimismo, ha apuntado que la supresión de la misma que proponen “algunos partidos” la hacen porque “no conocen su funcionamiento”.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Fernando Aguilera, ha manifestado que es una “imprudencia”, fruto del “total desconocimiento”, querer quitar las Diputaciones.
En el pleno de hoy también se ha rechazado la creación de una Comisión Informativa solicitada por el PP, en la que se quería tratar la contratación de obras de carreteras entre los años 2005 y 2009, cuando la institución estuvo presidida por el socialista Juan Andrés Tovar.
El portavoz del PP ha insistido en que esos tres contratos por importe de 473.468 euros fueron “adjudicaciones verbales que no tenían ni crédito ni siquiera expediente”.
Ha indicado que “han aparecido otras tres facturas de contrato de obras de carreteras por importe de 168.000 euros que aparecen fraccionadas y, por lo tanto, es necesario depurar responsabilidades”.
En cambio, desde el PSOE, su portavoz ha incidido en que se trataron de “contratos menores” y que los informes aseguran que “no hubo contrataciones ilegales”.
“Su obligación es pagar a las empresas dado que se ha demostrado que realizaron esos trabajos”, ha añadido.
Además, el pleno, en cumplimiento de una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres, ha aprobado una modificación presupuestaria para abonar a una empresa 168.000 euros correspondiente a obras en carreteras.