El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura les ha sentado para negociar el futuro del proyecto Marina Isla de Valdecañas. La cita pretendía que tanto los ecologistas como la promotora y la Administración llegasen a un acuerdo sobre el futuro del proyecto urbanístico. Pedro no ha sido así. Tras más de tres horas de debate la vista ha terminado sin consenso.
Estaban sentados a negociar la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la empresa promotora de Marina Isla de Valdecañas y los propietarios de los chalés, así como las asociaciones Ecologistas en Acción y Adenex.
En el aire, una promotora en concurso de acreedores y dos sentencias que obligan a la demolición. También el futuro de las viviendas y el posible interés de los propietarios de reclamar a la Junta los daños sufridos como responsable subsidiaria del proyecto.
Todas las partes han presentado sus informes
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha celebrado una comparecencia en la que cada parte ha presentado sus informes sobre la sentencia del Supremo que ordena demoler las construcciones y devolver los terrenos a su estado original.
Se han reunido a instancias de la Junta, que presentó un incidente de ejecución argumentando que “no es posible cumplir con el fallo” del Supremo. Alega que devolver la isla a su estado natural costaría 34 millones, y es mejor para la zona mantenerla urbanizada.
Cada una de las partes implicadas propondrá su perito
Tras el incidente de ejecución presentado por la Junta, y ante la falta de acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia ha determinado que será una pericial judicial la encargada de evaluar dicho incidente.
A través de los parámetros analizados en el peritaje, la sala emitirá un auto en el que detallará la viabilidad o inviabilidad del derribo. Pero antes hay que hacer el peritaje. Cada una de las partes implicadas propondrá un perito y qué cuestiones quieren que se evalúe en el informe.
Fuentes de Ecologistas en Acción han adelantado a eldiario.es que propondrán que el perito resuelva si los valores avifaunísticos de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) en que se asienta la urbanización han mejorado o no con la instalación del complejo. También los costes de la demolición y los hipotéticos daños que se dice puede sufrir la ZEPA como consecuencia de la misma.
No obstante será el juez, a instancias de las peticiones de cada una de las partes, el que decida que parámetros y qué perito evaluará.
Monago pide diálogo
José Antonio Monago ha acudido este jueves a Cáceres, aunque no a la vista prevista en el TSJEx. Desde la distancia, y a través de los medios de comunicación, lanzó un mensaje conciliador entre las partes.
Era la primera vez que Monago se pronunciaba así, y lo hacía para decir que “están dispuestos a llegar a puntos de encuentro para buscar la solución más favorable para Extremadura”.
El presidente de la Junta dijo también que va a defender el interés general del pueblo extremeño“, y que eso supone ”defender el medio ambiente pero también el desarrollo autonómico“.
Para las organizaciones ecologistas las sentencias obligan a la restitución de los terrenos a su estado original, “por más que se intente retrasar esa medida con argumentos engañosos”. No entienden otro diáolo que no sea el derribo.
Desde Ecologistas en Acción resulta “complicado” llegar a un consenso con la Junta cuando, por un lado, Monago no ha acudido a la vista, y por otro se ha permitido el acceso a la vista del alcalde de El Gordo y el promotor de Valdecañas, y no a las asociaciones ecologistas personadas en la causa.
Paca Blanco, de Ecologistas en Acción, entiende que los propietarios tienen derecho a su vivienda, y a recuperar el dinero invertido, aunque señala que ella, como activista, ha sufrido amenazas “de todo tipo” y se ha visto obligada a abandonar su casa de El Gordo.