La Asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (Piltex) se ha concentrado este miércoles en Mérida para protestar por el despido de más de un centenar empleados públicos de la Junta de Extremadura afectados por el cese del turno de ascenso, y que impugnarán la medida.
Según la presidenta de la asociación, Marisa González, se trata de trabajadores con más de cinco años de antigüedad a los que les habría correspondido aplicar un concurso de méritos para acceder a sus plazas, según marca la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Sin embargo la Junta sacó “con premeditación y alevosía” la convocatoria del turno de ascenso con antelación a la aprobación de la norma nacional “para intentar evitar acogerse a ella”“.
El cese de estos empleados públicos será efectivo a finales de marzo pese a que la Administración puede excluirlos de estos procesos, por lo que la ha acusado de infringir la ley.
Por ello, González ha exigido la exclusión de las plazas del personal afectado, de todos los procesos selectivos.
Según ella la Junta pretende hacer un “exterminio” con el personal interino, del que lleva años “abusando”, según ha denunciado, y al que no quiere estabilizar porque “cuando salgan esas plazas serían pocas para todos los afectados que hay”.
La presidenta de Piltex ha calificado además como “denigrante, inhumano y antimoral” la posición de la Junta al justificar que son procesos “antiguos que tenían que estar resueltos hace mucho tiempo”.
El 70 por ciento de los afectados son mujeres trabajadoras de centros de discapacidad, cuidadoras, trabajadoras sociales y ordenanzas.
Ante esto, González ha sentenciado que “el personal acudirá a la justicia a impugnar el cese”, algo de lo que no habría necesidad porque “la Junta tiene potestad de paralizar el proceso y ajustarlo a la ley actual como ocurrió con el Ayuntamiento de Badajoz”, al que pone como ejemplo de las reivindicaciones de la asociación.