España es el Estado de la Unión Europea (UE) que registra las tasas de desempleo más desiguales entre las regiones que conforman el país, seguida de Francia e Italia, según publicó este lunes el Comité Europeo de las Regiones (CdR).
En su informe anual sobre el estado de las ciudades y regiones de la UE, el CdR advirtió de las “prominentes desigualdades regionales” que ostenta España en términos de empleo, y señaló una brecha de 19,8 puntos en 2022 entre la comunidad con más ocupación y la de menos.
El ente comunitario apuntó que, al cierre de 2022, las tres regiones europeas con mayor desempleo eran españolas: Ceuta (28,4%), Melilla (21,6 %) y Andalucía (19 %). Después iría Extremadura con un 17,62%.
El análisis del Comité de las Regiones, que ha estudiado los datos de las regiones de todos los países de la UE, concluye que con el ritmo actual “será difícil alcanzar” para 2030 el objetivo comunitario de tener trabajando, al menos, a un 78 % de ciudadanos de la UE de entre 20 y 64 años.
El CdR, que es el organismo consultivo de la UE que representa a las regiones y ciudades de los Veintisiete, también avisa que las personas más pobres de la Unión tienen cada vez más problemas financieros, una situación que el informe compara con la situación vivida en el continente tras la crisis de 2008.
“Al mismo tiempo, la desigualdad de ingresos se agudiza debido a la concentración de la riqueza, lo que impide la igualdad de oportunidades y la movilidad social ascendente, mientras que inflama la polarización política”, avisa el CdR, que reclama a los gobiernos centrales mayor colaboración con regiones y ciudades.
Castillas y Extremadura, en riesgo por despoblación
El informe del Comité de las Regiones también advierte de la pérdida de personas jóvenes en edad de trabajar que sufren, en particular, Castilla y León, Castilla-la Mancha y Extremadura, tres comunidades españolas que, según el CdR, corren el riesgo de convertirse en lo que el ente denomina una “trampa de talento”.
Aun así, el CdR menciona como un ejemplo positivo la ley castellano-manchega aprobada en 2021 contra la despoblación rural, y subraya su carácter “pionero” por el abordaje integral del fenómeno, con “medidas económicas, sociales y fiscales”.
El análisis del CdR también sitúa a Asturias como una de las regiones europeas más vulnerables por la transición hacia una industria sostenible, tomando de referencia un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado en febrero de 2023.
La OCDE ve problemático que el Principiado tenga “altos niveles de empleo tan sólo entre la producción de metales básicos, así como mayores emisiones per cápita” vinculadas con este sector.
Para adaptarse a las necesidades de cada territorio, el CdR reclama en el informe “regionalizar” el diseño de los planes de reindustrialización, unos procesos que pueden ser apoyados por los fondos europeos de recuperación poscovid.
En este sentido, el CdR destaca que España es el país de la UE donde los cargos locales han participado más en la aplicación de los fondos poscovid, según una encuesta realizada en 2023 a 2.907 cargos locales y regionales de todos los países de la Unión.
En España, el 49 % de los encuestados afirmó que ha participado en la ejecución de las ayudas europeas, muy por encima del 16 % que marca la media europea, una cifra que disgusta al Comité de las Regiones, que critica que los fondos poscovid parezcan “una herramienta ciega” desde el punto de vista territorial.
“Dejar que sean los Estados los que decidan si involucran o no a las autoridades subnacionales en el diseño de los programas socava las posibilidades de éxito de estos”, avisa el informe.
El cambio climático amenaza al turismo en España
El Comité de las Regiones prevé “efectos devastadores” en la industria turística local de España, y del resto de países europeos del Mediterráneo, debido al previsible aumento de la temperatura global por culpa del cambio climático.
La caída de la demanda turística puede ser de hasta el 9 % en territorios como Baleares o Murcia, mientras que las comunidades atlánticas como Galicia, Asturias o Euskadi podrían esquivar mejor la caída, según señala el CdR en base a un estudio del Centro de Investigación Conjunta de la UE (JRC, en inglés).
Según una encuesta del CdR, el 75 % de ciudades y regiones de toda la UE afirman padecer la falta de mecanismos de financiación específicos para hacer frente a los retos climáticos.
Según una estimación de la Agencia Europea del Medio Ambiente, Europa necesita 40.000 millones de euros al año para adaptarse a un aumento de la temperatura global de hasta 1,5 grados por encima de los niveles de 1990.
En los peores escenarios, esta cifra ascendería a 120.000 millones de euros y a 200.000 millones de euros al año para adaptarse a un aumento de la temperatura de 2 grados, o de entre 3 y 4 grados, respectivamente.