La portada de mañana
Acceder
El PP bloquea la reforma de la ley de extranjería y delega en sus barones negociarla
Cuando se pone fin al fraude laboral con el empresario ante la justicia penal
OPINIÓN | El artículo más popular de la Constitución, por Isaac Rosa

La pretensión de la central nuclear de Almaraz de seguir en 2020 choca con el nuevo modelo 'verde' de Extremadura

El nuevo modelo energético de Extremadura apuesta por más energías renovables y un calendario de cierre de las centrales nucleares y las de carbón.

El proyecto de economía verde y circular de la Junta defiende una transición ordenada hacia las fuentes limpias, con planes específicos para las comarcas afectadas. Por ejemplo en Campo Arañuelo, en el norte de Cáceres, donde buena parte de su economía depende de la central nuclear de Almaraz.

La Junta responde así a las pretensiones de Almaraz. Ya prepara la documentación para solicitar la ampliación de su licencia, que caduca en 2020. En una rueda de prensa los responsables de la planta cacereña afirmaban esta semana que cumplen todos los estándares de seguridad. También que en junio del año pasado presentaron los primeros documentos preceptivos para la ampliación de la actividad.

El proceso continúa. Ha habido una modificación introducida por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por la que la reforma del sistema de renovación de las licencias deberá presentarse hasta dos meses después de la publicación del Plan de Energía y Clima.

¿Dónde está el debate sobre la nuclear?

Será una legislatura clave para conocer el devenir de esta central, pero también las de Garoña o Vandellós. Para la Junta no puede abordarse como una mera cuestión administrativa.

El consejero de Industria de Extremadura, José Luis Navarro, defiende la apertura del debate a la sociedad española en su conjunto, donde se escuche el sentir de la ciudadanía.

En declaraciones a este diario destaca que el mundo entero ha iniciado ya la transición hacia un nuevo modelo energético. Defiende que las decisiones sobre el mix energético son estratégicas y se deben planificar a largo plazo. 

“El cierre de las centrales nucleares españolas no puede tomarse central a central. No tiene sentido tomar decisiones puntuales e inconexas, cuando corresponda tramitar las solicitudes de renovación de la autorización de funcionamiento, que las centrales nucleares españolas presentan periódicamente”. 

Dado que se aproxima la fecha en que las centrales nucleares españolas irán cumpliendo los 40 años de actividad para los que fueron diseñadas, “es necesario que antes la sociedad española debata y acuerde la forma de realizar”. 

Con independencia del calendario de cierre, insiste en que la hoja de ruta de la Junta de Extremadura sobre economía verde sigue su curso y se basa en las energías limpias.

El almacén de residuos nucleares  

El pasado mes de noviembre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva para el proyecto de construcción del almacén temporal de residuos --ATI-- dentro de las instalaciones de Almaraz. En el periodo de información pública y de consultas, dentro del procedimiento de evaluación de la DIA, la Junta emitió un informe desfavorable.

El Ejecutivo extremeño argumentó que el ATI no es necesario y que las piscinas de combustible radiactivo gastado que hay ahora en funcionamiento tienen capacidad suficiente hasta que caduque la licencia en 2020.

Ecologistas en Acción denuncia que la construcción del almacén de residuos no es una necesidad, sino el plan para mantener otros 20 años más la central en funcionamiento, “empezando por Almaraz, alargando la vida de las nucleares hasta los 60 años”.

Advierten que estas pretensiones ponen en peligro la salud de las personas y demorando el desarrollo de un Nuevo Modelo Energético sostenible, limpio y democrático“.

Incidente con Portugal

La construcción del ATI de Almaraz, situado a 100 kilómetros de la frontera con Portugal, provocó un incidente entre el Gobierno español y el luso, que incluso llegó a interponer una queja ante la Comisión Europea al entender que España no había valorado el impacto transfronterizo del proyecto.

Los Ejecutivos de ambos países alcanzaron un acuerdo “amistoso” que preveía que Portugal retirase la queja y por el que España se comprometía a no hacer nada “irreversible” y a no autorizar el funcionamiento del almacén hasta que Lisboa estudiara la información pertinente sobre la infraestructura.