La Junta de Extremadura sigue empeñada en revisar su regulación económica, urbanística y medioambiental, además de su sistema fiscal, para facilitar la instalación de empresas en la región y reducir su pesada carga burocrática. Si hace unas semanas se presentó la ley de racionalización y simplificación administrativa, que se aprobará la semana que viene, el Consejo de Gobierno ha aprobado ahora un proyecto de ley de mejora de respuesta administrativa “dentro de su filosofía de facilitar las relaciones de los ciudadanos y las empresas con la administración, reduciendo tiempos y trabas”. Este nuevo reglamento supondrá supondrá la modificación de hasta 27 leyes anteriores de diferentes áreas, según ha explicado la vicepresidenta primera y consejera de Administración Pública y Hacienda, Pilar Blanco-Morales.
En concreto, este proyecto introduce cambios en materia de regulación medioambiental, ordenación territorial y urbanística, pero también busca dotar de seguridad jurídica para la puesta en marcha de proyectos, y poner de manifiesto que es una administración “que acompaña, próxima, ágil, que confía e impulsa el progreso económico” de la región.
Según ha señalado Blanco-Morales, el proyecto ley aprobado este jueves interviene en todos los ámbitos de competencia autonómica en los que es posible avanzar hacia esos objetivos. Para impulsar la actividad empresarial, se facilita la implantación o ampliación de instalaciones empresariales con impacto en el empleo y en el tejido productivo, mientras que, en materia medioambiental, ordenación territorial y urbanística, refuerza aspectos decisivos para la radicación de nuevas iniciativas emprendedoras en Extremadura.
La vicepresidenta ha llamado la atención sobre la modificación de la Ley Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible(LOTUS) que, sin perjuicio de actuar contra las viviendas o edificaciones ilegales en suelo rústico, “configura un marco jurídico que hace que el que exista una vivienda ilegal no va a ser inconveniente para la ejecución de otras actuaciones próximas a esa vivienda ilegal con el compromiso de adaptarse a la legalidad de esas nuevas actuaciones”. Y también se regula la exención de parcela mínima para supuestos concretos.
Los cambios introducidos en materia organizativa y de procedimiento suponen la modificación de hasta 9 leyes y todas ellas con las mismas directrices: mayor agilidad administrativa y reducción de trabas burocráticas.
Las medidas sobre patrimonio, contratación y conciertos sociales flexibilizan requisitos, facilitan el trabajo y la eficacia de los órganos de gestión y agilizan la tramitación de expedientes.
Además, Blanco-Morales ha añadido que el texto aprobado supone una revisión de normas ya implantadas en la Comunidad Autónoma, principalmente a través de 14 decretos-leyes que fueron aprobados durante la pandemia de la Covid-19.
El proyecto cuenta con los dictámenes favorables del Consejo de Estado y será remitido a la Asamblea de Extremadura, y, en este sentido, por lo que la vicepresidenta ha apelado al máximo consenso con los grupos en el trámite parlamentario.
Modificaciones
Los cambios legislativos afectan a un total de 27 leyes:
Por lo que respecta al ámbito de personal y prestación de servicios, se establece la exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario y se afianza el reconocimiento del personal investigador del CICYTEX.
En cuanto a la prestación de servicios públicos, con el que se ha operado en la Ley de mancomunidades y entidades locales menores, se atribuye a éstas la gestión y prestación de servicios sociales y medidas contra la exclusión social.
En relación con las medidas tributarias se establece la presentación telemática de las declaraciones y autoliquidaciones del canon de saneamiento y la eliminación de residuos en vertedero.
Por otro lado, se rebaja el tipo de gravamen que recae sobre el bingo electrónico, y se establece el régimen sancionador del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.
Asimismo, se hace una revisión de tasas en algunas áreas, como Sanidad o Educación, por ejemplo, si bien no están encaminadas a incrementar la presión fiscal sino para adecuarlas a los servicios que se prestan.
Además, el proyecto de ley incluye otras medidas que, como consecuencia de la guerra de Ucrania, se debieron adoptar con carácter urgente. Por un lado, la bonificación al 99% del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -modalidad de donaciones- a los sujetos pasivos de los grupos I y II; y, por otra parte, en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se cambian los tipos de gravamen correspondientes a vehículos más contaminantes.