La Junta de Extremadura solicitó una revisión del sistema de tarjetas monedero para familias vulnerables puesto en marcha por el Gobierno central dado que, tal y como está planteado, sólo llegará al 20 por ciento de los posibles beneficiarios en la región. “La propuesta, tal y como está diseñada no funciona, tendríamos que hacer otro diseño”, según la portavoz del Ejecutivo regional, Victoria Bazaga.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 convocó un Consejo Territorial extraordinario el próximo 24 de mayo para evaluar la puesta en marcha de este sistema de tarjetas, tildada por ayuntamientos y autonomías populares de “caos”.
Bazaga ha señalado que Extremadura ha sido una de las regiones que ha solicitado la reunión “para solucionar un problema que se nos sobreviene, que es la incapacidad de atender con este nuevo proceso al cien por cien de las personas que necesitan esta ayuda”.
Según ha asegurado, tal y como está planteado, solo se llegaría al 20 por ciento de la población que lo necesita en Extremadura, “apenas 6.000 o 7.000 personas” de las más de 26.000 que requieren esta ayuda.
Ha explicado que el problema radica en “cómo tienen que acceder a la tarjeta, dónde pueden gastar ese dinero, qué pueden comprar y dónde pueden ir a comprarlo”. A modo de ejemplo, también apuntó que hay municipios en Extremadura que carecen de supermercados que puedan abastecer a estas personas.
Las tarjetas monedero suponen un nuevo sistema de aplicación del Fondo Social Europeo Plus, que sustituye a la tradicional entrega directa y que gestionarán los gobiernos autonómicos.
El Gobierno lo habilitó el pasado mes de abril a través de una colaboración con Cruz Roja, que cerró la licitación con siete supermercados -Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol-, donde estas familias pueden usar estas tarjetas para acceder a alimentos de primera necesidad, alimentos frescos y productos de higiene.