La Junta de Extremadura ha anunciado que no puede asumir, de momento, la subida salarial del 2 por ciento para los empleados públicos debido a las actuales circunstancias derivadas de crisis sanitaria que han provocado una caída de la recaudación y un gasto sanitario sobrevenido.
Así se lo ha trasladado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, a todas las organizaciones sindicales con representación en los tres ámbitos: Administración General, SES y docentes.
La vicepresidenta primera ha mantenido que nos enfrentamos a una crisis inédita y de alcance desconocido, motivo por el cual la Administración extremeña tiene que priorizar y atender las necesidades básicas y esenciales de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad.
Ha asegurado que es preciso hacer un ejercicio de previsión realista y ser transparentes y honestos con el impacto de esta crisis, así como buscar la mejor solución para los problemas de todos los sectores, cada uno con sus justas reivindicaciones, según recoge la Junta en un comunicado de prensa.
En este sentido, Blanco-Morales ha explicado que la previsión de la caída de la recaudación, según datos del Ministerio de Hacienda, ascenderá a 9.500 millones de euros, lo que supone una caída del PIB del 9,2 %, un descenso optimista según avalan organismos como la AIREF, el Banco de España y FMI, que lo sitúan por encima del 12 %.
Esto significa para Extremadura una pérdida de recaudación superior a 260 millones de euros del Sistema de Financiación Autonómico. A este desfase habrá que sumar el descenso de recaudación por tributos propios (40 millones aproximadamente), lo que se traduce en un déficit para 2020 superior al 1,5 por ciento.
Una cuestión surgida apenas un mes y medio después de la aprobación de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2020, y a la que, ha dicho, hay que añadir los nuevos gastos que tiene que asumir la Comunidad Autónoma en el ámbito sanitario y sociosanitario y que, actualmente, supera los 70 millones de euros.
La vicepresidenta primera ha mantenido su voluntad para el diálogo y la negociación con las organizaciones sindicales cuando el Ejecutivo extremeño disponga de elementos sólidos de cómo va a ser la situación y conocer realmente cuáles van a ser los recursos de los que dispone la Comunidad Autónoma.
Por último ha recordado que, entre 2016 y 2019, la Junta de Extremadura ha incrementado en más de 200 millones las retribuciones de sus empleados públicos.