El Programa de Empleo Rural (PER) cumple este año su treinta aniversario. Fue concebido para asentar la población en zonas rurales deprimidas de Andalucía y Extremadura que tenían una alta tasa de paro, se puso en marcha a través de inversiones en infraestructuras y la contratación de trabajadores eventuales agrarios.
Desde que se inició en 1986 ha movilizado más de 5.000 millones a lo largo de treinta años, además, se han contratado cientos de miles de trabajadores y se han pagado millones de jornales.
El PER ha pasado por algunos retoques, el más profundo fue la reforma de 2002, aunque se ha mantenido ajeno a la polémica gracias al respaldo de las administraciones, los partidos y los sindicatos.
En su financiación colaboran el Gobierno central, que sufraga la mano de obra para ejecutar las obras en los municipios, la Junta y las Diputaciones provinciales, que pagan en una proporción del 75 % y del 25 %, respectivamente, el importe de los materiales.
Voces críticas y modificaciones
Desde fuera de Andalucía y Extremadura ha sido muy cuestionado, pero siempre ha contado con el apoyo unánime de las administraciones central, autonómica y local y también de los sindicatos, que han conseguido alejarlo del debate partidista.
El PER fue asociado al clientelismo político este subsidio. Este subsidio lo perciben en Andalucía unas 150.000 ó 160.000 personas, en sus inicios el número era más elevado. Sus perceptores bajaron en 2002 cuando una reforma del Gobierno del Partido Popular endureció los requisitos para cobrarlo.
Para compensar a los jornaleros que no reunían los requisitos para tener derecho a cobro del subsidio agrario, el gobierno creó en 2003 la renta agraria, de esta manera mantuvo prácticamente igual el número de perceptores totales.
A pesar de los cambios de denominación, pasó a llamarse Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (AEPSA), y posteriormente Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), aún así, ha persistido el nombre de PER en el medio rural andaluz, y es como se conoce popularmente.
En 1996 su aplicación también se extendió a otras regiones como Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón, sustituyendo al llamado empleo comunitario, pero en estos momentos se destina únicamente a Andalucía y Extremadura.
El PER en la actualidad
Este programa tiene su reflejo en actuaciones en el sector agrícola, ganadero, industrial y de servicios, que van desde la construcción de dotaciones de equipamientos sociales, parques o jardines, hasta la modernización de regadíos, pasando por la urbanización de polígonos industriales, o el arreglo de calles.
Hoy en día en Andalucía se ejecutan más de 2.000 proyectos en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario.
Surgió de forma paralela al PER, y consiste en una ayuda de 426 euros al mes durante durante seis meses al año. Los beneficiarios tienen que pagar 87 euros mensuales a la Seguridad Social.
Tienen derecho a recibirlo los trabajadores eventuales agrarios que logren reunir 35 peonadas en el campo, aunque esta proporción ha variado con los años, en un principio fue de cuarenta y después bajó a 35. Hubo años en los que se redujo a veinte por el impacto de la sequía.
La sombra del fraude ha perseguido al subsidio agrario desde sus inicio sobre todo por el secreto a voces en la mayoría de los municipios de la compra de peonadas para poder cobrarlo.