- La fórmula ha sido la abstención del partido morado, que quería un texto más ambicioso y ha mantenido algunas exigencias hasta el final
Medio año después la izquierda extremeña ha vuelto a coincidir en un proyecto de ley de contenido ideológico y social, al encontrar la fórmula para aprobar este jueves en el Parlamento regional la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura, que imita a otros textos autonómicos en abrir la puerta a la expropiación temporal de viviendas de las que los bancos echan a sus propietarios por no pagar la hipoteca.
El texto, que viene dando vueltas desde inicio de esta legislatura en 2015 para darle seguridad jurídica ante el Gobierno central y el Tribunal Constitucional, ha salido adelante con los votos a favor de PSOE-SIEx (30), la abstención de Podemos y Ciudadanos (6 y 1 respectivamente), y la oposición de PP (28), de cuyo presidente Rajoy se teme que lo impugne judicialmente.
Aún caliente el desencuentro de la izquierda en los Presupuestos autonómicos aprobados este martes pasado, socialistas y morados han vuelto a encontrar sin embargo terreno común en esta ley de vivienda, la segunda grande de contenido social tras la de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, en lo que Podemos sí votó a favor.
Esta vez la formación que coordina Álvaro Jaén ha marcado distancia y se ha limitado a la abstención, un “punto y seguido” con la esperanza, afirman, de que en el desarrollo reglamentario del texto se vaya más allá, y de haber arrancado de la Junta el compromiso de un nuevo decreto que regule la vivienda de promoción pública y limitar al máximo los desahucios en la misma.
Podemos ha demostrado en el debate de este jueves en la Asamblea de Extremadura que no está dispuesto a hacer muchas concesiones al Ejecutivo de Fernández Vara, y tras haber negociado previamente su abstención ante esta Ley de Emergencia Social de la Vivienda, su diputado Daniel Hierro ha tenido que dar un puñetazo dialéctico para amenazar con tumbar el texto si no le aprobaban un canon de 10 euros por metro cuadrado y año para la vivienda deshabitada, ante lo cual la portavoz socialista Ana Fernández ha tenido que ceder alegando que se había equivocado de número de enmienda.
En cualquier caso es un canon que según el texto tendrán que imponer los ayuntamientos, que sin embargo son una administración pública totalmente autónoma e independiente.
Carne de Constitucional
La ya ley de Emergencia Social de la Vivienda define lo que es vivienda habitual (ocupada durante más de seis meses al año, y no deshabitada más de tres consecutivos), contempla la declaración oficial de vivienda desocupada, refuerza la mediación de la Junta entre bancos y familias hipotecadas para evitar desahucios y encontrar alternativas, regula las fianzas de alquiler, el derecho de tanteo (compra) por parte de la Junta de vivienda de promoción oficial, establece sanciones (solo para personas jurídicas, no físicas), paraliza los desahucios en vivienda pública, y finalmente contempla la expropiación en uso por un máximo de tres años de pisos y casas en los que los bancos ejecuten el impago de hipoteca pero la familia esté en riesgo de exclusión social.
En el pleno de la Asamblea se han debatido 60 enmiendas y por ejemplo de las 24 de Podemos se han aprobado 20 gracias al apoyo del PSOE con algunos cambios en la redacción; enmiendas que significan suavizar los requisitos económicos para que una familia hipotecada pida a la Junta la expropiación forzosa del uso al banco, o el mencionado canon en vivienda deshabitada.
Para Victoria Domínguez (C’s) el texto invade claramente competencias del Estado, y comete el error de ser retroactivo con las expropiaciones, por lo que cree que tiene un fin “publicitario” y al final el problema de vivienda va a retrasar sus soluciones porque la aplicación de la ley va a quedar en suspenso; de forma parecida se ha manifestado Saturnino López (PP), que acusa a Podemos, con la abstención que ha permito aprobar la ley, de haber cobrado “las treinta monedas de plata” propias de la traición política.
Sin embargo las normas jurídicas “deben adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y no al revés”, replica Daniel Hierro (Podemos), que reprocha a Vara haber declarado a Extremadura cuando ganó “libre de desahucios, y los sigue habiendo”; la necesidad de vivienda social está muy lejos de quedar satisfecha y por eso la Junta “está buscando familias para echarlas por conducta antisocial”, algo en lo que estarían pagando también justos por pecadores.
Manifestación
Podemos ha arrancado al PSOE el compromiso de que en los próximos meses se redactará un nuevo decreto para abordar la problemática en vivienda social, “suscitada principalmente por la política de desahucios practicada por el Partido Socialista”.
Con la abstención “se abre un nuevo proceso de diálogo”, se trata según el partido morado de un punto y seguido para continuar negociando una ley que “a día de hoy resulta insuficiente” para convertirse en una norma que garantice el derecho a una vivienda digna tal y como recoge la Constitución.
En el nuevo decreto Podemos Extremadura trasladará las propuestas de grupos, asociaciones y movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Campamento Dignidad, colectivos que han organizado en Mérida y de forma paralela al pleno de la Asamblea una marcha protesta contra los desahucios y por una vivienda digna.
En efecto los Campamentos Dignidad han denunciado los desahucios producidos en estas últimas semanas, cuatro en Badajoz y dos en Mérida “dejando a las familias desprotegidas en plena ola de frío sin darles una alternativa habitacional”, y los próximos desahucios que se van a producir.
Mil ochocientos expedientes aproximadamente de desahucios “que seguimos exigiendo a la Junta de Extremadura que los retiren y empiecen a velar por el derecho de todos los extremeños y extremeñas, el derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución española y en el artículo 25 de los derechos humanos en vez de seguir llamando a las puertas de las familias de viviendas sociales amenazando, ‘si no empiezan a pagar sus deudas pendientes serán desahuciados’ ”.