Dos tribunales de lo contencioso-administrativo, uno de Mérida y ahora el Superior de Extremadura (TSJEx), han dictaminado que la unión de empresas constructoras inicialmente del nuevo hospital de Cáceres ha dejado pasar el plazo para poder recibir del servicio autonómico de salud, SES, una indemnización que los empresarios cifraban en 28 millones de euros.
La Junta en 2017 canceló el contrato con la UTE (formada por FCC, Joca y Placonsa) por tardar demasiado en comenzar las obras, una resolución que posteriormente un juzgado contencioso de Mérida declaró nula, con ratificación posterior en el Tribunal Superior, por lo que a partir de ahí a la unión empresarial le cabía pedir la indemnización.
Pero no lo hizo dentro del plazo de un año que es lo legal, según los jueces por errores de interpretación de la UTE aunque los magistrados también admiten algún error propio -comunicar decisiones mediante una providencia en lugar de un auto-, error que según el Tribunal Superior de Extremadura no es sustancial para el fondo del asunto.
Asi queda de momento el conflicto según sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJEx de Cáceres, del pasado 16 de enero y conocida este jueves, una decisión que las tres empresas pueden recurrir en casación al Tribunal Supremo.