Día 24 de septiembre de 2017. Estación de Santa Justa. A las 17:20 horas tiene su salida el tren Sevilla-Cáceres. A las 17:00, con las puertas abiertas del tren, Paco Hurtado y su mujer, residentes en Cáceres, comprueban que el WC adaptado y que ella necesita se encuentra clausurado por la propia Renfe, con un precinto de inutilizado. “Me dirijo al maquinista, responsable del convoy, para decírselo y avisarle que un tren con un trayecto previsto de casi cinco horas, no debe salir en esas condiciones. Respuesta: pues sí, porque a él se lo han ordenado y sale”.
Así empieza la narración de la última de las situaciones que han vivido.
“Subo al vestíbulo, donde se encuentran las ventanillas de Renfe, ese lugar de recaudación de dinero casi medieval dados los ‘servicios’ que prestan. Me acerco, lo hago saber y me contestan: Presente una reclamación”.
Con el revisor, ahora supervisores, “me sucede lo mismo: presente una reclamación”.
El tren inicia su viaje, sigue su experiencia Hurtado, “como lo ordena Renfe Operadora, una empresa dirigida por sociópatas. Además, para un recorrido de casi cinco horas, la máquina de bebidas, donde se supone que hay agua, no funciona y no avisa de producto agotado. Se traga cuatro euros”.
Al día siguiente, en la misma estación de Santa Justa presentó esta familia extremeña la reclamación correspondiente, tanto por el WC adaptado, precintado por Renfe, como por la máquina de bebidas sin agua.
La respuesta que recibió no es de Renfe Operadora, sino que, dentro de un sobre de Renfe Viajeros, “quien contesta es… Atendo. Y contesta con mentiras”.
Para Paco Hurtado, Atendo es el escudo de Renfe y el Ministerio de Fomento para incumplir, “de modo delictivo”, la Ley de Discapacidad.
Que les contestara Atendo “es una sinvergonzonería más de las muchas que hemos tenido que soportar. Que Atendo (que si no estamos equivocados, es un ‘servicio’ que tiene adjudicado la Fundación Ilunion Facility Services) se conviertan en mamporreros de Renfe, cuando nosotros no nos hemos dirigido a ellos para nada, demuestra que será imposible que la empresa ferroviaria llegue a cumplir nunca la legislación en materia de discapacidad”.
En el mismo tren que tenía el WC precintado, había unas plataformas que teóricamente se deben utilizar para subir o bajar sillas de ruedas, “pero que no se pueden utilizar porque el personal del tren (maquinista, revisor) no ha recibido la formación y las instrucciones necesarias”.
La Junta, “cómplice”
De esos incumplimiento son cómplices según esta familia, que usa frecuentemente el trayecto Cáceres-Sevilla, el Ministerio de Fomento, que es quien aprueba finalmente las normas“ sobre atención a la discapacidad de Renfe; el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, ”que lo consiente en el sentido quevedesco del término“, y las Comunidades Autónomas, en este caso, Andalucía y Extremadura, ”que hacen dejación de sus obligaciones y no tienen las energías suficientes para someter a Renfe a expedientes sancionadores por incumplimiento de la legislación en materia de discapacidad, y mucho menos, a llevar a sus directivos a los tribunales por delitos contra la misma“.
El artículo 510 del Código Penal “es claro, y si, como es nuestro caso, por nuestra residencia, la Junta de Extremadura no interviene, se está convirtiendo en cómplice de la comisión de un delito”.