La Junta de Extremadura prepara un recurso ante la resolución de la Dirección General de Agua del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que ordena la demolición de la presa de Valdecaballeros sobre el río Guadalupejo, al ser parte interesada en el procedimiento y no haber sido consultadas sobre esta decisión.
Así se lo han trasladado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales; la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García; y el director de Patrimonio y Contratación Centralizada, Juan Pedro León; a los alcaldes de Valdecaballeros, Gregorio Rodríguez Dueñas, de Castilblanco, María Ángeles Merino Bermejo, y de Alía, Cristina Ramírez Rubio, en una reunión mantenida este lunes.
Esta presa fue construida para la refrigeración de la central nuclear pero nunca cumplió su función, al no haberse puesto en marcha. No obstante, las concesiones de aprovechamiento hidráulico de las empresas, antiguas propietarias de la misma, seguían vigentes y actualmente los municipios de Valdecaballeros y Castilblanco se abastecen de este pantano, ha destacado el Ejecutivo regional.
La citada resolución de la Dirección General del Ministerio elimina las concesiones, pero también ordena el derribo de la presa, sin haber consultado a la Junta de Extremadura, que es la actual propietaria de los terrenos de la central nuclear. Además, la resolución también señala esta resolución que las tomas para el abastecimiento de las dos poblaciones se trasladen al pantano de Puerto Peña.
Durante el encuentro, los alcaldes de la zona han manifestado su preocupación por el derribo de la presa, dado el daño medioambiental que puede producir a la fauna y flora existente en el entorno, pero también por el riesgo del abastecimiento para la población, ya que el traslado de las tomas de agua, de producirse, conllevaría un recurso de menor calidad, ha subrayado.
El Ejecutivo extremeño comparte con los ayuntamientos que el daño medioambiental para las especias de la zona puede ser irreversible, más cuando existen otras alternativas al derribo que deberían estudiarse antes de tomar una decisión definitiva. Por este motivo, la Junta de Extremadura defenderá junto a Valdecaballeros, Castilblanco y Alía, los intereses de estos municipios y de sus habitantes, ha anunciado.
De ahí que las responsables de Hacienda y Administración Pública y de Transición Ecológica y Sostenibilidad hayan trasladado un mensaje de tranquilidad a la población de estas localidades, ya que el Ejecutivo autonómico “hará todo lo posible para evitar que se tomen decisiones que no sean las más adecuadas y para que el suministro a sus pueblos esté garantizado”.
En este sentido, la Junta considera que es necesario que la decisión que se adopte sobre este asunto cuente con el mayor consenso posible.