La Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XXI y la entidad Facua consideran “un abuso” el “enorme y desorbitado” incremento de precios pretendido por el Ayuntamiento pacense en relación a las nuevas tarifas del agua, por lo que han presentado alegaciones a la aprobación inicial de esta modificación.
El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados, Anselmo Solana, ha explicado que según el texto elevado a la Comisión de Precios la tarifa general de la cuota fija del suministro de agua potable experimentará un aumento del 180,5% (al fijarse en 14,9 euros), la tarifa social de un 53,13%, la destinada a familias numerosas del 86% y la especial del 97%.
Las cuotas variables del suministro de agua potable también contarán con importantes incrementos en la gran mayoría de los tramos de consumo. En cuanto a la depuración de aguas residuales, le llama la atención el aumento del 2.103% (al pasar de los 0,22 a los 4,9 euros) en lo relativo a la cuota fija de la tarifa general y de la destinada a las familias numerosas.
El representante vecinal ha reconocido que la tarifa del agua no ha crecido desde 2015 pero critica que el consistorio “ha compensado a la concesionaria del agua con cantidades monetarias importantes desde 2017, en 2022 por ejemplo con cuatro millones de euros, o en 2023 con la cifra prevista de 4,8 millones”.
Solana ha recordado que el contrato con la concesionaria finalizó este año y se ha renovado por dos décadas más, una situación que a tenor de su larga duración “no se produce en ninguna otra concesión”.
Por su parte, el presidente de Facua en Extremadura, José Manuel Núñez, ha afirmado que este “tarifazo” del agua incidirá en la ciudadanía pacense, sin un gran poder adquisitivo para afrontar estas subidas.
El anuncio de la aprobación inicial de la ordenanza que llevará a cabo estas modificaciones fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en mayo pasado, pero el expediente no estaba expuesto al público en el tablón de anuncios municipal, como exige la normativa.
Facua expresó esta circunstancia en un escrito remitido al Ayuntamiento, de lo que se hizo “caso omiso”, según ha dicho, de ahí que se haya levantado un acta notarial para certificar esta circunstancia, y se ha solicitado la nulidad del expediente y su retroacción a su estado inicial hasta que se publique en el tablón de anuncios local.