El Ayuntamiento de Mérida ha propuesto el allanamiento, es decir el reconocimiento de los recursos, de IU Mérida y la Asociación Regional de Consumidores, sobre la aprobación de la modificación de un plan parcial en el polígono El Prado en 2014 con el fin de “favorecer el interés general”. Entiende el gobierno local que está viciado de nulidad, según consta en el expediente.
Ha sido en la Junta local de Gobierno donde el nuevo equipo de gobierno socialista ha propuesto al pleno el allanamiento del consistorio de los recursos recursos contencioso-administrativos interpuestos.
Se trata de la aprobación de la modificación del Plan Parcial en la unidad de ejecución UE-1 del Polígono “El Prado”. El terreno que es objeto del procedimiento fue adquirido por su actual dueño al Ayuntamiento de Mérida por un precio muy inferior al valor de mercado, bajo la condición de que se construyera en dicha parcela una fábrica de material de construcción, en el plazo de cinco años. En ningún momento se ha llevado a cabo el inicio de la obra a la que estaba condicionada la adquisición de la parcela.
“Con este allanamiento en el proceso que tiene que dictaminar el TSJEX lo que queremos es que no haya un interés particular y prevalezca el interés general”, ha afirmado en rueda de prensa la portavoz municipal, Carmen Yáñez, quien ha precisado que esta decisión “no supone coste alguno para el ayuntamiento”.
“Aún no hemos presentado la denuncia”
No obstante, el concejal de IU Mérida Álvaro Vázquez ha mostrado su sorpresa en cuanto a la opción del allanamiento por parte del consistorio. Según explica, la formación izquierdista no ha interpuesto la demanda aún la demanda porque no ha recibido la documentación reclamada.
En todo caso, explica, lo que sí puede hacer el ayuntamiento es resolver favorablemente el recurso administrativo que inicialmente presentó la unión de consumidores. IU pone de manifiesto que hubiera preferido que esta demanda hubiera segudo su trámite ante el alto tribunal.
El plan tenía como propósito dividir el terreno y destinarlo a una finalidad distinta a la construcción de la fábrica, a la que se encontraba sujeta la concesión del terreno en condiciones tan ventajosas para el empresario que adquirió esta parcela en condiciones tan ventajosas en pleno “boom” especulativo, según explicó semanas atrás Álvaro Vázquez a este diario.
Así, la división del terreno afectado por la modificación parcial pretende la modificación del uso público del terreno, en beneficio exclusivo del empresario que adquirió el terreno, critica la formación izquierdista.