El Tribunal Constitucional (TC) tiene previsto resolver esta semana el recurso del Gobierno contra el articulado del Decreto-ley extremeño sobre la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en esta región.
El pasado 20 de junio, el TC admitió a trámite el recurso contra este decreto del Ejecutivo extremeño que obliga que el tratamiento y beneficio metalúrgico del litio extraído en Extremadura se haga en la comunidad autónoma. En su resolución acordó además suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados por el gobierno, que argumentó que la norma podría vulnerar la delimitación de competencias en materia de aprovechamiento del dominio público minero. En concreto alega que se infringe el artículo 149 de la Constitución sobre las bases de régimen minero en relación con la ley de minas
Según el Gobierno, “la supeditación de su riqueza al territorio autonómico implica quiebra de las competencias estatales en materia de igualdad de derechos, legislación civil y bases en materia minera y energética”, así como del principio de igualdad y del derecho de propiedad. Añade que el establecimiento de una obligación al concesionario de que el tratamiento y beneficio del litio se realice en Extremadura supone una vulneración de la competencia estatal en materia de planificación de la economía, así como con los principios de unidad de mercado, de libertad de empresa y libre competencia.
El Gobierno asegura que las concesiones mineras se rigen supletoriamente por la normativa de contratos del sector público y, por ello, el establecimiento de una obligación como tal al concesionario implica una vulneración de la competencia estatal en materia de contratación pública, por incidir en los principios esenciales en materia de contratación, al imponer una obligación que no guarda relación con el objeto del contrato.
Por su parte, desde la Junta, el entonces presidente en funciones, Guillermo Fernández Vara, afirmó que su Gobierno defenderá “con todas sus fuerzas” el decreto y recordó que durante los últimos meses se ha estado dialogando con el Ejecutivo central sin llegar a un acuerdo.
A su juicio, este decreto “va mucho más allá del régimen minero” y que tiene mucho que ver con el desarrollo económico y social de Extremadura, la lucha contra la despoblación, y el progreso de Extremadura.
También recordó que la Ley nacional de Minas es preconstitucional, de 1973, por lo que entienden que si Extremadura decide sobre el régimen minero, “lo lógico y natural” es que también lo haga sobre su transformación.