Cs en Extremadura: “Quiero más Valdecañas, que vengan todos los ricachones en vez de irse a Ibiza a gastarse las perras”

La sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a la demolición del resort de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres), ha provocado un enfrentamiento entre los grupos parlamentarios de Cs y Unidas por Extremadura (UPE), con dos visiones diametralmente opuestas sobre el futuro de este complejo urbanístico levantado en unos terrenos que forman parte de la Red Natura 2000 y que el Alto Tribunal considera “suelo no urbanizable de especial protección”.

El portavoz de la formación naranja, David Salazar, visiblemente airado, ha asegurado que la urbanización “es la Extremadura que queremos” porque “antes era un vertedero y ahora hay más grullas y más dinero”. Esta afirmación ha dado lugar a las protestas de la portavoz de UPE, Irene de Miguel, que minutos antes había negado que los pueblos de la comarca de Campo Arañuelo se hayan beneficiado de “este pelotazo urbanístico” y que la demolición que ordena el Supremo vaya a ocasionar un mayor daño medioambiental que el mantenimiento del hotel, las villas y el campo de golf, un argumento que defiende la Junta de Extremadura.

“Deberíamos sacar pecho de Valdecañas y quiero más Valdecañas porque aquello da dinero. No a los ricachones, y si vienen ricachones, ¿qué pasa? Pues que vengan todos los ricachones a Extremadura, que vengan de turismo, a comer, a todo, que vengan muchos aquí en vez de irse a Ibiza a gastarse las perras, claro que sí. Yo les invito que vengan a Valdecañas, al Carnaval de Badajoz, que vengan a ver al Buda ese si se hace”, ha expresado el diputado de Cs, que molesto con la posición defendida por De Miguel ha invitado a los cuatro grupos parlamentarios a encadenarse en el resort de lujo para impedir su demolición.

La sentencia del Supremo sobre Valdecañas ha sido uno de los asuntos que este jueves se han abordado en la Asamblea por la comparecencia de la vicepresidenta primera, Pilar Blanco-Morales, que ha explicado la posición defendida por la Junta de Extremadura, que está ultimando un recurso ante el Tribunal Constitucional y que agotará todas las vías posibles para conseguir que la urbanización siga en pie.