Aún quedan tres semanas para que el matrimonio de PP y Vox en Extremadura cumpla 100 días, el periodo de gracia que suele darse a los gobiernos para que marquen las prioridades de la legislatura y tomen sus primeras medidas. Sin embargo, aunque la unión de la derecha y la extrema derecha tendría que estar aún viviendo su particular luna de miel tras conseguir acceder a la Junta, se han sucedido los desprecios, reconciliaciones, roces y amenazas de divorcio.
Las palabras de la presidenta extremeña y entonces candidata, María Guardiola, hicieron presagiar que la relación no iba a ser sencilla: “No puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a la papelera una bandera LGTBI”. Una declaración tajante, que dio al traste con las primeras negociaciones para crear un Gobierno de coalición y que acompañó de otras perlas en referencia a Vox, como que eran “incapaces de ver más allá de su ombligo”, sus medidas eran “obsoletas”, los acusó de “anteponer su soberbia a los intereses de los extremeños” y de poner “zancadillas”.
Solo un mes después, Guardiola traicionó a su palabra y consiguió ser investida presidenta con los votos de la extrema derecha a cambio de permitirla entrar en el Ejecutivo, a pesar de sus promesas, y tras firmar un pacto que contiene 60 medidas que suponen la asunción por parte del PP de muchos de los postulados tradicionales del partido de Santiago Abascal. Ahora, ambos pugnan por arrogarse la autoría de las medidas más populistas, como la rebaja de impuestos o el regreso de la caza al Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), mientras que la presidenta se empeña en hacer creer que gobierna en solitario.
Primera crisis en el Gobierno PP-Vox
El pasado septiembre, con motivo del inicio del curso político, Guardiola ofreció entrevistas a medios de comunicación locales y marcó distancia con Vox, con quien, además, aseguró no tener relación. Su socio, que además tiene presencia en el consejo de gobierno a través de la Consejería de Gestión Forestal, respondió al desprecio con un ultimátum: o rectificaba o “de lo contrario, lo que va a tener es un Gobierno débil o puede ser que directamente no tenga Gobierno”, dijo desde el Congreso de los Diputados la portavoz del partido ultra, Pepa Millán.
La rectificación no llegó de la presidenta, sino del partido. El PP justificó las palabras de Guardiola porque “está centrada en gobernar”, unas explicaciones que la extrema derecha extremeña, más sumisa que en otras comunidades autónomas donde gobierna con el PP, dio por buenas.
La medida estrella de las primeras semanas del Ejecutivo de coalición es la rebaja fiscal y las ayudas para autónomos que se encuentran entre las primeras acciones incluidas en el acuerdo. Eso sí, aunque ambas formaciones prometieron menos impuestos, la reforma tributaria de la Junta de Extremadura ha ido más allá con la eliminación, por ejemplo, del impuesto del Patrimonio, que el PP planeaba rebajar pero que Vox exigía que desapareciera, o del impuesto a los grandes tenedores de viviendas (más de cinco inmuebles vacíos).
El anuncio lo hizo la presidenta tras un consejo de gobierno donde se aprobó el decreto-ley y el partido ultra se apresuró en publicar en sus redes sociales capturas de pantalla del acuerdo para demostrar que la reforma tributaria forma parte del pacto que une al PP y a Vox en Extremadura. Desde entonces, los diputados de Santiago Abascal en esta comunidad aprovechan sus comparecencias en la Asamblea para recordar a los consejeros y a los representantes del PP que si Guardiola está al frente del Ejecutivo es gracias a ellos.
Caza en Monfragüe y las ayudas a sindicatos
Poco después, la presidenta anunció que la Junta permitiría a partir de octubre que se volviera a cazar en el Parque Nacional de Monfragüe, aunque solo en las fincas públicas y de forma selectiva y sin fines lucrativos. Esa decisión, comprometida con el sector, ha estado liderada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, a pesar de que el Gobierno de coalición tiene una dirección general de Caza que está en manos de Vox. Su titular, Camino Limia, ha reclamado la responsabilidad de la puesta en marcha de esta acción y ha ido más allá al exigir que también se permitiera cazar en las fincas privadas del parque nacional, algo que el PP ha rechazado, al menos por ahora.
Los roces y desencuentros comienzan a ser frecuentes con Vox, que exige el respeto al pacto de gobierno, y el PP, más empeñado en cumplir con su programa electoral y en diferenciarse ideológicamente. Por ejemplo, la derecha extremeña siempre se ha negado a reducir las ayudas públicas a la patronal y los sindicatos, y de hecho fue una medida que rechazó en en inicio de las negociaciones con Vox tras las elecciones autonómicas de mayo. Sin embargo, se incluyó en el acuerdo de gobierno y, ahora, el PP se niega a cumplirla. Los consejeros de Diálogo Social y Empleo, Abel Bautista y Guillermo Santamaría, han descartado esos recortes pero el diputado de Vox Javier Bravo ha exigido que se respete el acuerdo: “Tiene que haber unos recortes y no se puede andar despilfarrando el dinero de los extremeños”.
Medidas feministas
No es la única medida de la que el PP hace su propia interpretación. Según Guardiola, la aplicación del veto parental en las aulas no está incluido, lo que convertiría a Extremadura en la única comunidad en la que el partido ultra no lo ha exigido a cambio de facilitar el Gobierno al PP. El punto 32 del pacto se recoge que ambos partidos garantizarán “la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura (...) y asegurarán el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones”.
Un “pin parental” de libro para la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que pidió a la presidenta que no llevara a efecto esa medida después de que el caso de los falsos desnudos de niñas en Almendralejo hechos con inteligencia artificial haya evidenciado la necesidad de una educación afectivo-sexual en los colegios.
En ese mismo pleno, que se celebró el pasado jueves, tuvo lugar el que ha sido el último enfrentamiento entre PP y Vox en Extremadura por el momento. La Asamblea aprobó una iniciativa del PSOE para “reconocer, garantizar y avanzar en los derechos de las mujeres”, en cumplimiento de la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta contó con el apoyo del PP y de Unidas por Extremadura, y con la oposición del Vox a blindar en la región el “aborto seguro y libre”.
Son las primeras tensiones en el Gobierno de coalición extremeño que se pondrá a prueba en otros asuntos a lo largo de la legislatura como la lucha contra la violencia de género, la cooperación internacional o el mantenimiento de organismos que la extrema derecha considera superfluos, como el Instituto de la Mujer y Canal Extremadura.