El PP necesita Vox para gobernar en Extremadura pero no quiere que sus miembros formen parte del nuevo Ejecutivo. En un intento de que su candidata, María Guardiola, sea investida presidenta de la Junta, el PP ha presentado un “acuerdo programático” en el que asume los principios y políticas de la extrema derecha, y, por lo tanto, radicaliza su postura en esta comunidad, a pesar de que Guardiola se ha esforzado por cultivar un perfil moderado.
Sin embargo, la constitución de la Asamblea de Extremadura, que se celebra este martes por la mañana en Mérida, ha metido presión a unas negociaciones que, según el PP, estaban paralizadas y que se llevaban con absoluta discreción. Ambos partidos habían mantenido hasta el viernes un único encuentro presencial que no había servido para acercar posturas, como tampoco ha servido la reunión del lunes, en el que el PP ha ofrecido la Presidencia del parlamento a Vox y un documento con 15 medidas para la legislatura, que van desde la derogación de la Ley extremeña de Memoria Histórica, el allanamiento a una plausible puesta en marcha del veto parental en los colegios, la defensa de la energía nuclear y la revisión de la protección medioambiental en los terrenos de la Red Natura 2000. Todo ello con eufemismos y con la terminología que utiliza en partido de Santiago Abascal. Ese documento incluye “libertad” para que Guardiola confeccione su equipo de gobierno.
A pesar de que la oferta comparte muchos de los postulados de Vox, la extrema derecha la ha rechazado y ha presentado una propuesta propia, que, no obstante, guarda muchas similitudes con la del PP y no hace mención a la entrada de sus miembros en el Gobierno.
Bajada “drástica” de impuestos
El acuerdo del PP a Vox incluye la eliminación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y sustituirla por nueva nueva ley, elaborada por PP y Vox, “que sirva a la reconciliación y a la concordia real”, términos exactos a los que el partido ultra utiliza en su documento. También figuran en ambas propuestas medidas ideológicas como la prórroga de la central nuclear de Almaraz, evitar la demolición de la presa de Valdecaballeros (Badajoz), a pesar de que el Ministerio para la Transición Ecológica echó marcha atrás, y una ley de medidas fiscales en los primeros 100 días de Gobierno con una “rebaja integral de impuestos”.
Este último punto fue un compromiso electoral del PP y su candidata ha asegurado que esa ley ya está redactada, e incluye una bajada del IRPF, del impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la eliminación de Sucesiones y Donaciones “para la mayoría de contribuyentes”, y la reducción de los impuestos sobre el Patrimonio y de Matriculación. Vox va más allá y habla de “bajada drástica”: quiere reducir el IRPF en todos los tramos, especialmente en rentas bajas y medias, y eliminar el impuesto de Patrimonio.
El medio ambiente también es objeto del acuerdo. Guardiola ofrece flexibilizar las barreras ambientales que “impiden el desarrollo de Extremadura”, para lo que se revisarán las prohibiciones y limitaciones de la Red Natura 2000. Esto último ya se hizo a final de la legislatura cuando el PSOE aprobó en solitario la modificación de los límites de 55 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS) con el objetivo de intentar por enésima vez la legalización del resort de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres).
Veto parental
El PP también ofrece a la extrema derecha un pacto por la educación “de calidad, libre y sin sesgo ideológico”, y alude al derecho de los padres a la libertad de elección “en la educación de sus hijos”. La propuesta va en sintonía de lo que Vox reclama de manera más explícita: que los padres elijan y autoricen el contenido de las actividades extracurriculares, lo que alude al veto o pin parental. Pero este partido va más allá y exige que se reforme la Ley de Educación y la “neutralidad ideológica” de la enseñanza, al tiempo que reclama que ningún “lobby ideológico de orientación sexual” participe en las sesiones escolares.
Guardiola también se compromete a bajar el número de alumnos por aula, algo que todos los partidos llevaban en sus programas electorales, y a “avanzar” en la gratuidad de la educación 0-3 años, que también es compartido por el resto de fuerzas.
Por otro lado, el PP extremeño hace suya “la defensa del mundo rural, las tradiciones y la identidad de Extremadura” y propone proteger la caza y los toros, que también fue un compromiso del PSOE. Además, aunque obedece a política europea, Guardiola asegura que solicitará una revisión de los ecorregímenes y políticas verdes de la PAC.
Las derechas también coinciden en redimensionar la Administración: mientras que el PP apuesta por eliminar lo “superfluo” para evitar duplicidades, la propuesta de Vox pasa por reducir el número de consejerías y los organismos “que no reportan en el bien general”.
Sintonía también en la puesta en marcha de medidas fiscales, ayudas e incentivos para fomentar la natalidad y luchar contra el despoblamiento.
El PP no menciona en el acuerdo las que Guardiola siempre ha considerado “líneas rojas” en la negociación con la extrema derecha, como son la defensa del derecho al aborto y de los derechos de las personas LGTBI, el reconocimiento de la violencia machista o la puesta en valor de la inmigración. Sin embargo, sí son temas que Vox recoge en su oferta. En concreto, exige que se eliminen las subvenciones a entidades que “fomenten o amparen la inmigración ilegal y el tráfico de personas”, habla de “violencia intrafamiliar” para garantizar la “asistencia y apoyo” a las víctimas, “especialmente mujeres, niños y ancianos”, y propone “trabajar para extirpar de nuestra sociedad los mensajes y discursos, civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”.