Extremadura pone en marcha el protocolo contra la trata de seres humanos para la explotación sexual

EFE

Extremadura ha puesto hoy en marcha el protocolo contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en el que están implicados 34 colectivos para poder poner fin a esta lacra social que en 2014 tuvo 900 víctimas en todo el país. La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) en funciones, María José Ordóñez, en declaraciones a los medios ha indicado que la región es la tercera Comunidad Autónoma en contar con este protocolo. Ordóñez ha indicado que Extremadura quería dar un paso adelante en la protección de niñas y mujeres víctimas de esta situación y que para ello era necesario “aunar criterios y conceptos”. Asimismo ha indicado que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es el tercer negocio ilícito del mundo, por detrás del tráfico de drogas y de armas, y ha hecho un llamamiento a que “no se consientan estas situaciones consumiendo prostitución”.

Sin detenidos Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha dado a conocer antes de la presentación del protocolo, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detectaron en 2014 en todo el país a casi 14.000 personas en situación de riesgo, la mayoría mujeres de entre 23 y 32 años. Además, ha señalado, se identificaron a 900 víctimas, la mayoría de nacionalidad rumana y entre ellas había siete menores. En cuanto a Extremadura el año pasado se recibieron dos denuncias pero no hubo ningún detenido, sobre esto, la delegada ha indicado que aunque la región parece estar “blindada” a la trata de seres humanos hay que poner medidas de protección y prevención. El Fiscal Superior de Extremadura, Aurelio Blanco, ha indicado que el protocolo que viene a plasmar el convenio a nivel nacional sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, contribuirá a que la víctima “se sienta más respaldada a la hora de denunciar”. Asimismo será una herramienta, ha indicado, de ayuda a conseguir a afianzar las pruebas que puedan permitir abrir procesos penales contra los explotadores.