La Junta defiende la “posición privilegiada” de Extremadura para ser referente en hidrógeno verde

La Junta de Extremadura ha introducido en la disposición final del decreto ley del hidrógeno verde, que este jueves convalidará la Asamblea, una modificación de la Ley de Presupuestos autonómicos de 2023, para introducir la rebaja de las tasas del 50% también en las ITV privadas.

Este decreto declara de interés general la producción de hidrógeno a partir de energía eléctrica procedente de instalaciones aisladas de generación de energías renovables en Extremadura, por lo que la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha defendido la importancia de la normativa para posicionar a la comunidad en la producción de hidrógeno verde y aprovechar sus posibilidades de desarrollo en zonas rurales.

Según las cifras que maneja el Gobierno regional, Extremadura pretende producir en 2030 el 20% del hidrógeno verde nacional -tres gigavatios de electrolisis-, lo que supondrá inversiones por valor de 10.000 millones de euros, y creará 2.500 empleos directos en las operaciones de las plantas que se construyan hasta la próxima década.

La oposición ha criticado el decreto ley por considerarlo oportunista y electoralista, a juicio de PP y Cs, y por no basarse en la justicia social, en el equilibrio territorial y en la soberaranía local, según Unidas por Extremadura.

García ha informado de que en la disposición final se introduce la rebaja de las tasas del 50% paras las ITV privadas, que debería haber sido incluida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año, lo que ha sido considerado por el diputado del PP, Bibiano Serrano, como “el olvido de un gobierno totalmente agotado”.

Serrano ha explicado que de las 18 páginas que componen el decreto ley, 13 son de exposición de motivos, dos para incluir los cuatro artículos que componen la ley, y tres para poder modificar la ley de presupuestos e incluir también en la rebaja de las tasas a las ITV privadas.

Además, el diputado del PP ha dejado claro que la Junta de Extremadura no tiene competencias para legislar en hidrógeno verde, como se ha planteado, ha dicho, en las alegaciones al decreto ley.

Sin autorización administrativa

Según se recoge en la normativa, la declaración de interés general de la producción de hidrógeno renovable o verde conllevará que este tipo de instalaciones en la región no requieran ningún tipo de autorización administrativa. Se pretende facilitar la aceleración del despliegue de proyectos de gases renovables en Extremadura, en particular del hidrógeno, ha destacado Olga García, tras poner de relieve la posición estratégica de la comunidad autónoma en uno de los dos ejes troncales que para la distribución de esta energía ha diseñado la Unión Europea.

Para ello, se declaran de interés general la actividad y las instalaciones destinadas a la producción de hidrógeno renovable, lo que conlleva que se pueda declarar de utilidad pública e interés social el suelo necesario para la puesta en marcha de estos proyectos y su total funcionalidad, incluido el suelo para la implantación de la instalación aislada de generación de energía renovable y de todas sus infraestructuras auxiliares.

De acuerdo con lo establecido en el texto, la construcción, modificación, ampliación y explotación de las instalaciones de producción de hidrógeno renovable que se ubiquen en Extremadura no requieren de ningún tipo de autorización administrativa sustantiva. Quedan sujetas, por tanto, a la normativa de seguridad industrial, ambiental, urbanística y demás que resulte de aplicación.

La declaración de interés general conlleva la declaración de utilidad pública e interés social a los efectos de expropiación forzosa y ejercicio de la servidumbre de paso de los proyectos de producción de hidrógeno a partir de energía eléctrica procedente de instalaciones aisladas de generación de energías renovables.

El diputado de Cs Joaquín Prieto ha acusado a la Junta de “salir ahora a colgarse las medallas”, después de que “la iniciativa privada se está moviendo por el hidrógeno verde”, mientras que Irene de Miguel ha criticado que el Gobierno regional lleve a cabo la transición ecológica “sin planificar ni ordenar” y sin demostrar haber aprendido nada del “colonialismo energético” al que ha estado sometida Extremadura.

Por su parte, Carlos Labrador, ha puesto de relieve las probabilidades que tiene la región de liderar el despliegue de hidrógeno verde y ha acusado a la oposición de estar suscrita a los “discursos negativos”.