La Junta de Extremadura defiende el resort de lujo Isla de Valdecañas como “modelo de desarrollo sostenible”

El resort de lujo Marina Isla de Valdecañas se encuentra en unos terrenos al norte de la provincia de Cáceres que forman parte de la Red Natura 2000 y que el Tribunal Supremo considera que es “suelo no urbanizable de especial protección”. Por eso, en una sentencia fechada el pasado febrero ordenó su demolición total, es decir, casi 200 villas, un hotel de cuatro estrellas y un campo de golf.

Sin embargo, la Junta de Extremadura ha defendido este jueves en la Asamblea que esta urbanización es el “modelo de desarrollo sostenible” que quiere para la región. Según ha explicado la vicepresidenta primera en el pleno, Pilar Blanco-Morales, la generación de empleo y riqueza es “un objetivo que los extremeños comparten” pero ha subrayado que nadie “pueda dar lecciones a Extremadura en la defensa del patrimonio natural”.

En ese sentido, y aludiendo a un equilibrio entre protección medioambiental y riqueza, Blanco-Morales ha explicado que la Junta ultima el recurso de casación ante el Tribunal Constitucional y que se utilizarán todas las herramientas del ordenamiento jurídico, puesto que no se descarta acudir también a tribunales europeos, porque “merece la pena luchar por un modelo justo y equilibrado de desarrollo sostenible”.

En concreto, el Gobierno extremeño solicitará una “aclaración” al Tribunal Constitucional porque considera que el restablecimiento de la legalidad urbanística en Valdecañas provocará un daño medioambiental mayor que el que se quiere salvaguardar. A juicio de la vicepresidenta, el Supremo no ha tenido en cuenta esta valoración ni tampoco el “estado de degradación” de esta zona antes de la construcción del resort.

Blanco-Morales también ha recordado que “más de un tercio” del territorio de Extremadura está ocupado por áreas de conservación y protección, pero la comunidad “no puede bajar los brazos ante el reto demográfico” ni quedar “al margen de las corrientes de progreso”. Esto se traduce en que la Junta quiere ajustar la relación entre protección del medio ambiente y creación de riqueza. De hecho, ya trabaja en una modificación de la Red Natura 2000 que permitirá revisar los límites de 15 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y de 10 Zonas de Especial Conservación (ZEC).

“Pelotazo urbanístico”

Entre algunos reproches, el Gobierno autonómico ha encontrado el apoyo del PP y de Cs, pero se ha encontrado de frente a Unidas por Extremadura (UPE). Su portavoz, Irene de Miguel, la Junta debería tomar nota de la sentencia en lugar de defender “el pelotazo urbanístico” y acusar a los ecologistas de la situación.

La diputada de la formación morada ha exigido que los responsables políticos de PSOE y PP que permitieron la modificación urbanística “respondan con su patrimonio” y también ha negado las cifras de creación de empleo del complejo urbanístico, en base a un informe de la Universidad de Sevilla, y que Valdecañas haya servido a los pueblos de alrededor para ganar población.

El diputado del PP, Bibiano Serrano, ha asegurado la “lealtad” de su grupo para “hacer lo que no esté en los escritos” para parar la demolición, pero ha advertido que este caso no es una buena publicidad para los futuros inversores.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, que también ha dado su apoyo a la Junta, se ha mostrado favorable “a hacer más Valdecañas en cada embalse”, para que se genere empleo y riqueza, y ha criticado duramente a la portavoz de UPE por sus declaraciones contra los vecinos que apoyan el complejo, recordándole que antes de este proyecto “aquello era un vertedero”

No obstante, ha echado en falta que la Junta detallase este jueves como pretendía afrontar el pago de la demolición y de las indemnizaciones a los propietarios en caso de que haya que ejecutar la sentencia finalmente.