No ha sido un asunto prioritario para la Junta de Extremadura pero ahora el PP necesita el apoyo de Vox a los presupuestos de 2025 y considera “urgente” la creación de una oficina antiokupación, a pesar de que los datos oficiales echan por tierra esa prioridad, que, además, el consejero de Vivienda, Manuel Martín, ha justificado con un bulo en el pleno de este jueves en la Asamblea.
“Entienda el dolor que pueda sentir una familia que salga por la tarde a pasear con sus hijos y al regresar encuentre que su hogar ha sido ocupado, y que se queda en la calle”, ha afirmado Martín en su respuesta al diputado del PSOE Fernando Rodríguez, que ha preguntado sobre la creación de ese punto de atención y asesoramiento a víctimas de la ocupación, como lo ha denominado el Gobierno extremeño.
No obstante, se trata de un argumento falso usado por PP y Vox de forma reiterada e interesada. Ese caso concreto que ha usado el consejero extremeño no es una ocupación, sino un allanamiento de morada ante el que la ley garantiza el desalojo exprés del intruso, tanto se si trata de la vivienda habitual como si es una segunda vivienda.
El responsable de Vivienda también ha aludido a los “problemas de convivencia” que genera la okupación de viviendas y ha asegurado, aunque sin ningún dato, que estas situaciones están generando que “muchos propietarios” saquen sus inmuebles del mercado de alquiler debido al “miedo a no poder recuperarlos en caso de impago”. No obstante, en esos casos los procesos de desahucio se inician cuando los propietarios ponen la denuncia correspondiente.
Por su parte, el diputado del PSOE ha apuntado que solo el 0,007% de las más de 698.000 viviendas que hay en Extremadura han sido ocupadas. “La cuestión no llega ni a 50 viviendas en la provincia de Cáceres y se refieren (los datos oficiales) a viviendas o a cualquier otra clase de inmuebles o edificaciones. Pero es que de esos, una gran parte son propiedad de las administraciones como el centro social de la Muela o las viviendas sociales de Aldea Moret, propiedad del Ayuntamiento de Cáceres”, según Fernando Rodríguez.
Ante ello, el responsable de Vivienda del PP le ha acusado de falta de “empatía” y ha asegurado que aunque la Junta de Extremadura asistiera “a una única familia” está “más que justificada” la creación del punto de atención y asesoramiento a víctimas de la ocupación.
Por ello, los socialistas han acusado al Ejecutivo de María Guardiola de “seguir empeñados en gobernar para una minoría” y de gastar recursos y tiempo “donde no hace falta”. En este sentido, el diputado del PSOE ha propuesto que se destine la cuantía que costará la puesta en marcha de esa nueva oficina, que se desconoce, “para el respiro de las familias con personas adultas con discapacidad a su cargo o incluso a un centro de atención 24 horas para mujeres víctimas de agresión sexual que no esté en el sótano de un hospital”, como se proyecta en Mérida.
Fernando Rodríguez ha pedido al consejero que deje de “meter miedo a las personas con problemas que no existen”, pero la creación de la oficina se ha anunciado en la recta final de negociación de los presupuestos autonómicos de 2025 y justo cuando las distancias entre PP y Vox parecían insalvables, aunque en estos momentos la situación se ha reconducido.
Además, se trata de un asunto que estaba incluido en el pacto del gobierno de coalición en Extremadura con la que el PP logró sentar en la presidencia de la Junta a María Guardiola. Ahora, con el acuerdo roto desde principios de verano, la extrema derecha intenta que su exsocios hagan suyas algunas de las medidas ideológicas que ese acuerdo contenía.