La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha anunciado que las medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda incluidas en el decreto ley derogado hace una semana por el “voto irresponsable” de PSOE, Vox y Unidas se incluirán en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEX) para 2025 con enmiendas parciales del PP.
Manzano ha abierto este viernes la sesión parlamentaria en la que se debatirán y votarán las enmiendas a la totalidad de los cuentas presentadas por Unidas por Extremadura y el PSOE.
Los presupuestos ascienden a 8.309 millones de euros, 182 millones más que los de este ejercicio, lo que supone un incremento del 2,2%, el mayor de la historia, según ha destacado la consejera, que ha recordado que la Junta de Extremadura ha presentado un requerimiento informativo al Gobierno central por la liquidación del año 2023, ya que considera que a la región le corresponden 329 millones más de lo consignado por el Ministerio de Hacienda, que podría haber aumentado los presupuestos.
Manzano ha subrayado que que se basan en seguir avanzando hacia una fiscalidad más justa, avalada por los datos oficiales de aumento de la recaudación, y en el fortalecimiento de los servicios públicos fundamentales, además de impulsar el crecimiento. El 63,4% del total es para actuaciones de carácter social, es decir 5.269 millones. Además, un 25,4% se dedican a actuaciones de carácter económico y 928 millones a la de carácter general, lo que representa un 11,2 % del total presupuestado. El 44,9% de la política social corresponde a sanidad, con 2.367,2 millones y un incremento del 3,7%; mientras que 1.490 millones, un 28,3%, a educación, con un aumento respecto a 2024 del 8,8%.
A dependencia van 520 millones, con una subida del 7,2%; a empleo, 404,6 millones, con un incremento del 1,6%; a promoción social, 237 millones (+4,5%); a vivienda, 154,2 millones (+8,1%); y a cultura, 94,4 millones (+ 10%). A políticas económicas, programa 2.111 millones, lo que representa un aumento del 7,7%. Destaca en este ámbito la subida del 10,5% de los fondos destinados a infraestructuras, con un montante total de 773,9 millones.
Dentro de las políticas económicas, el 36,5 % se destina a infraestructuras, el 41,4 % a agricultura (874,9 millones), el 12,3 % a innovación y tecnología (264 millones), el 6,3 % a empresa (133,2 millones), y el 3,3 % a comercio y turismo (69,3 millones).
Las cuentas prevén un déficit del 0,1 % y un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) regional del 1,53 %, que se rebajaría al 1,31 en 2026 y al 1,26 en 2027.
En materia fiscal, el IRPF incorpora una nueva deducción de 2.000 euros para pacientes de ELA y con el familiar que conviva, entre otras medidas, como la bonificación del 50 % durante tres años para los nuevos residentes durante tres años. Y en el impuesto de sucesiones equipara los Grupos 1 y 2 de parentesco con los 3 y 4 cuando en estos últimos (hijastros, padrastros y personas que hayan convivido en los últimos tres años) exista una especial vinculación.
Entre otras partidas, incluye 5 millones al primer pago a los empleados públicos de la deuda pendiente de 2020, 20 millones al proyecto de regadío de Tierra de Barros, 14,7 millones para la construcción de vivienda pública protegida, 4,8 millones para la segunda fase del Hospital de Cáceres, un plan estratégico de Formación Profesional de 20,6 millones, la extensión del cheque guardería de 200 euros para la Educación Infantil para 1 y 2 años, y más de 10 millones para la ronda sur de Badajoz y la suroeste de Cáceres.
Manzano también ha destacado que combaten la violencia machista con recursos, como el incremento en medio millón de euros de la partida destinada a las 36 oficinas de igualdad.