De Miguel pide que la Asamblea se pronuncie sobre la posible inconstitucionalidad de la ley ZEPA

La portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, ha presentado este miércoles un escrito en el que solicita que los servicios jurídicos del Parlamento regional se pronuncien sobre “la posible vulneración constitucional” de la propuesta de ley para regularizar 55 espacios como ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves), lo que supondría también salvar del derribo al resort de lujo Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres.

El escrito se ampara en el artículo 169 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, que determina que se podrá informar de cuantas cuestiones de índole constitucional o estatutaria se aprecien respecto de una iniciativa legislativa. En este sentido, De Miguel ha solicitado que los servicios jurídicos de la Cámara realicen un informe sobre los posibles aspectos inconstitucionales del texto presentado por el Grupo Socialista para que el pleno “pueda tener toda la información necesaria para pronunciarse en el debate y votación de la propuesta”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha justificado esta petición tras escuchar en el trámite de comparecencias a diferentes juristas advertir de la inconstitucionalidad de la propuesta de ley.

De Miguel ha recordado que la intención de la norma es legalizar Valdecañas “e incumplir el mandato de varias sentencias judiciales”. “La propuesta -señala el documento- adolece de graves deficiencias jurídicas y sería inconstitucional puesto que, sobre Valdecañas, ya pesa una sentencia firme del Tribunal Constitucional, que tumbó una propuesta similar para reformar la Ley del Suelo de Extremadura, de cara a legalizar este complejo urbanístico”.

Además, según el texto presentado por Unidas por Extremadura, la norma también atentaría contra el derecho a la tutela judicial, “ya que elevar a rango de ley esta propuesta, habiendo una sentencia del Tribunal Supremo sobre Valdecañas, vulneraría ese derecho”.

De Miguel ha recordado el obligado cumplimiento de lo dictado por jueces y tribunales, “porque es una de las más importantes garantías para el funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho y, como tal, está recogido en el artículo 118 de la Constitución”.