Los sindicatos reconocen estar perplejos. El Gobierno de Monago ha convertido a 72 trabajadores laborales en personal indefinido.
Todos cumplían los requisitos, pero lo que sorprende es que hayan sido reconocidos a dos semanas de las elecciones. También por qué han sido ellos, y no otros tantos en la misma situación.
Hasta 600 trabajadores permanecen en la administración regional a la espera de que también se les nombre indefinidos según las estimaciones de CCOO. De ahí que resulten llamativas las prisas.
Son muchos los interrogantes. Tanto CCOO como UGT han explicado a este diario que no ha habido ninguna clase de negociación, ni previa ni posterior, sobre estos 72 trabajadores. También confirman que una regularización así, en masa, es inaudita en el seno de la administración regional extremeña.
La Junta no lo desveló en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno
Se trata de 72 empleados de la Junta con contratos laborales que vieron cambiada su situación el pasado 6 de mayo por orden el consejero de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa, aunque fue un acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno del 21 de abril.
Como viene siendo habitual, los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno fueron desgranados por en una rueda de prensa posterior por la vicepresidenta Cristina Teniente. Ni ella, ni en el dossier que se facilita a la prensa informaban del acuerdo que había sido adoptado.
Este mismo viernes se sentarán en una mesa sobre relación de puestos de trabajo los sindicatos y el GobEx. Aunque no está en el orden del día, la prioridad de las organizaciones sindicales será la pedir explicaciones a la Junta por este cambio. También quieren conocer los motivos por los que ha pasado este asunto desapercibido hasta ahora.
Son ‘prospectores’ del servicio de empleo
El Estatuto de los Trabajadores recoge el derecho de los empleados de la Junta de Extremadura a ser reconocidos como personal indefinido en varios preceptos, entre ellos llevar más de tres años como personal laboral o si un mismo trabajador tiene dos o más contratos que sumen más de 24 meses en un periodo total de 30.
Se trata de unos requisitos que cumplían estos trabajadores, aunque el enigma reside en por qué estos trabajadores, y no los otros 600 que permanecen a la espera, y que incluso han iniciado medidas judiciales para lograr su objetivo.
Aunque no ha trascendido la identidad de las personas beneficiadas, sí se sabe que son en su mayoría son ‘prospectores’ del Servicio Extremeño de Empleo. Desde la oposición, algunas voces han transmitido a este diario su malestar y reclaman conocer de inmediato la identidad de estas personas, con el objetivo de despejar cualquier tipo de dudas de ‘nepotismo’ entre los nombres de algunos de los beneficiarios.
Otros muchos habían denunciado y no los han nombrado indefinidos
Ante estos hechos José Ignacio Luis, de UGT, advierte que han sido muchos los trabajadores de la Junta los que han tenido que recurrir a la vía judicial para que se les reconociera su condición de indefinidos. Otros permanecen en pleno proceso, hasta el momento sin éxito. Esto supone que hay empleados que, además de iniciar una maraña de denuncias, ha asumido el coste que supone para sus bolsillos pasar por los tribunales.
Marisol Salazar, de CCOO, ha transmitido a eldiarioex que lo único que se ha hecho es reconocer el derecho de estos trabajadores, aunque lo extraño es que por qué solo a ellos. Por este motivo presentarán un escrito al Consejo de Gobierno exigiendo la regularización de todo el personal en su conjunto, y no solo de estos 72.
Aclara al mismo tiempo que estos trabajadores permanecen como personal indefinido no fijo, de manera que su plaza puede ofertarse en un futuro a concurso.
Según ha podido saber este diario, la administración de Monago siempre se mostró reticente a resolver los nombramientos de personal indefinido por la vía administrativa, y defendió meses atrás la judicial.
En el borrador de la Ley de Función Pública el PP recogía una disposición adicional que finalmente no fue recogida, pero que detallaba implícitamente que “en ningún caso las administraciones públicas podrán realizar actuaciones que supongan el surgimiento de una relación laboral de carácter indefinido no fijo, si no ha sido reconocida judicialmente”.
La disposición causó malestar entre los sindicatos, y finalmente no se incluyó. Esto significa que el PP ha optado por nombrar indefinidos a 72 personas, en contra de lo que ellos mismos contemplaban aprobar inicialmente en la ley.