“Aunque haya especulación”: Canarias confía en la RIC para atajar la crisis de vivienda pese a los avisos del pasado

El Parlamento de Canarias respaldó este miércoles, a excepción de Nueva Canarias (NC), modificar la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas para permitir que las empresas puedan emplear los fondos que hayan destinado a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) a promover y levantar viviendas, tanto públicas como privadas, para su posterior alquiler.

El acuerdo llegó poco después de que el Senado votara en contra, por un lado, de una enmienda presentada por PSOE y CC para permitir el uso de la RIC en esta línea, pero aprobara, por otro, una propuesta idéntica del PP que finalmente ha sido rechazada este jueves en el Congreso de los Diputados, para el disgusto de Pedro San Ginés, senador de CC.

“El feroz enfrentamiento político” entre socialistas y populares deja en el aire la materialización de la RIC en vivienda, lamentó el también expresidente del Cabildo de Lanzarote. Aunque no haya salido adelante esta semana, el apoyo de todos los partidos políticos, salvo NC, a esta medida invita a pensar que tarde o temprano ese respaldo quedará plasmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pese a las advertencias del pasado.

La RIC es uno de los principales incentivos fiscales en Canarias que permite a los empresarios reducirse hasta un 90% del impuesto de sociedades. Las compañías pueden destinar nueve de cada diez euros de sus beneficios a esta reserva y solo tributar por el 10% restante. A cambio, se comprometen a reinvertir estos beneficios en la Comunidad Autónoma durante los siguientes tres años.

Desde su creación, en el año 1994, hasta la víspera del estallido de la burbuja inmobiliaria, la RIC podía destinarse a la promoción de vivienda privada. Una mercantil podía comprar un inmueble, ponerlo en alquiler durante mínimo cinco años (igual que se propone ahora) y venderlo después en el mercado libre. Eso fomentaba la especulación inmobiliaria, defiende Luis Ibarra, actual consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias, por una simple lógica:

“Tú decías que tenías [una vivienda] en alquiler y a los cinco años la vendías, con lo cual estabas haciendo una casa para especular, para ganar dinero. El Estado estaba ayudándote a construir (…), pero si lo que hacías era simplemente mantener un capital para después venderlo, no sé dónde está el beneficio social”, razona Ibarra.

Las dudas sobre la aplicación de la RIC para el arrendamiento de vivienda llegaron poco después de su nacimiento. En el año 2000, el Ministerio de Hacienda publicó un informe elaborado por una comisión de expertos que advirtió de una “posible proliferación” de empresarios aprovechándose de este incentivo fiscal para comprar inmuebles y así “eludir” el destino de la RIC, que no es otro que “añadir valor y competitividad a la economía canaria”.

De acuerdo con ese informe, invertir en vivienda a través de la RIC solo se traducía en “un estéril aumento de precios”. “No se considera deseable su materialización en inmuebles destinados al arrendamiento, salvo en supuestos muy concretos (viviendas sociales, residencias geriátricas…) por su falta de adecuación con los objetivos del incentivo fiscal y por las tensiones inflacionistas que provoca en Canarias”, concluyó Hacienda.

Pero adquirir viviendas continuó siendo un objetivo muy goloso para los empresarios en el Archipiélago. Las empresas se anunciaban en periódicos y páginas webs como “una solución válida y novedosa” para gestionar las dotaciones a la RIC realizadas por particulares que no sabían qué hacer con ellas, recoge en una publicación académica Federico Aguilera Klink, catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de La Laguna (ULL).

Entre 1994 y 2003, de hecho, las inversiones inmobiliarias supusieron cerca del 50% de los activos fijos de la RIC, muy por encima de sus otros dos competidores: instalaciones (14,63%) y maquinaria (14,41%), según un informe de 2006 de la Consejería de Hacienda y Economía del Gobierno regional. En ese entonces, los empresarios canarios “no encontraban otras opciones”, destaca el artículo de Aguilera Klink, a los fondos del mencionado incentivo. El propio Ibarra dijo que había que “abrir nuevas vías” para su utilización, porque si no “el único fin” para materializarlo iba a ser el inmobiliario.

Hasta el propio Salvador Miranda, director de la Cátedra del REF, publicó en 2002 que “en la calle no se entiende, tampoco, cómo empresarios y profesionales pueden adquirir bienes inmuebles para alquilar, subiendo constantemente el precio del metro cuadrado”.

Y llegó el crac financiero. En 2007, la economía mundial sufrió su peor crisis desde la Gran Depresión (1929) a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria, que motivó una caída brusca del precio de la vivienda en España y un frenazo a la construcción. Nueva Canarias cree que “una de las razones” de esa burbuja fue la RIC. Un grupo de tres geógrafos de la ULL opina más o menos lo mismo:

“Entre 1996 y 2007, la inversión bruta extranjera solo se duplica en Baleares, mientras que en Canarias se multiplica por ocho. Este relevante flujo de capitales coincidió durante este mismo periodo con la recepción de fondos estructurales europeos y la creación de la RIC, un instrumento fiscal que ha dirigido buena parte de las exenciones empresariales hacia la inversión inmobiliaria”, explicaron en una investigación difundida en 2018 en la revista Investigaciones Geográficas.

El Gobierno de Canarias eliminó la posibilidad de materializar la RIC a través de la construcción y alquiler de vivienda privada. Lo hizo por unanimidad en 2006 después de apreciar sus efectos. Una década más tarde, excluyó también a las viviendas turísticas de la ecuación. La única forma en estos momentos de aprovechar este incentivo fiscal a través de la inversión inmobiliaria es mediante la promoción de vivienda protegida en las Islas. Pero el Ejecutivo regional actual, liderado por CC y PP, lleva tiempo queriendo cambiar eso con el pretexto de la crisis de vivienda.

Desde hace meses, ambos partidos han expresado su deseo de volver a introducir la vivienda privada entre las inversiones posibles de la RIC. El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, cree que puede ayudar a “mejorar la calidad de vida” de los residentes. Clavijo añadió esta semana que hay más de 2.000 millones de euros que podrían materializarse en ese sentido.

El PSOE mostró oposición en un principio, pero esta semana apoyó la iniciativa en el Parlamento. “Nos puede preocupar que se construyan viviendas que no lleguen a los que más lo necesiten o acaben beneficiando a agentes económicos con intereses alejados del bienestar colectivo”, señaló el diputado socialista Manuel Hernández Cerezo. El único partido que ha rechazado la propuesta sin ningún reparo es Nueva Canarias.

“Se quiere dar para detrás la moviola de la historia y volver a la época donde era habitual el uso especulativo e improductivo de la RIC”, resumió la formación en un informe remitido al Parlamento. Aguilera Klink, en un correo enviado a la redacción de Canarias Ahora, agrega lo siguiente: “No hay necesidad de construir más vivienda, hay miles de ellas vacías, pero reconocer eso significa enfrentarse a los que mandan de verdad”.

Para Salvador Miranda, sin embargo, esta medida vuelve a tener sentido ante “una clara necesidad” de aumentar la oferta de vivienda en el Archipiélago, “aunque haya especulación”. “No podemos esperar por que alguien vaya a ganar [en plena emergencia habitacional] si está contribuyendo a que haya más viviendas libres para alquilar”, remacha.