La falta de coincidencia entre el número de multas dado desde el propio gobierno local y el mal funcionamiento de las cámaras de control de acceso al centro, reconocido públicamente por el concejal responsable, han llevado a la portavoz de UPEX, Victoria Domínguez, a exigir la retirada de la mismas. La edil declaró que “si las cámaras funcionan mal, quítenlas porque es inaudito que un cargo público lo reconozca y sigan en funcionamiento”. Lo contrario, sería, para la portavoz de UPEX “una falta absoluta y monumental de conocimiento de lo que se tiene entre menos”.
El edil de Movilidad ha reconocido los problemas de funcionamiento del sistema de las cámaras de control de acceso al centro, a la hora de leer matrículas o identificar vehículos. No es éste, sin embargo, es el único argumento que esgrime Domínguez para exigir su retirada. Ésta señala también razones de índole jurídica, derivadas de la aprobación de la ordenanza reguladora, que incluía la de la zona azul que ha sido anulada por el propio gobierno local “de modo que no sabemos si está o no en vigor”.
A ello agrega otra cuestión: la disparidad de datos “y datos equívocos” dados desde el PP sobre los miles de multas puestos por las cámaras en estos cuatro meses de funcionamiento. Para aclarar la situación exige, al alcalde transparencia, frente a la opacidad administrativa con que considera se han tramitado y tramitan los expedientes abiertos a los conductores sancionados.
Cuentas claras
Además le reclama, mediante escrito que, en el plazo legal de cinco días, ponga a su disposición en la Secretaría municipal, la totalidad de expedientes incoados a conductores sancionados para poder conocer realmente la situación. Lo hace vista la falta de coincidencia que aprecia entre los datos dados por Pizarro en el pleno y por el concejal de Movilidad a los medios.
Victoria Domínguez también quiere que el alcalde de Plasencia justifique, al igual que hacen el resto de asociaciones y entidades, el destino del gasto de las aportaciones consignadas en el presupuesto y que el Ayuntamiento hace a la Fempex, (10.000 euros); Red de Ciudades Catedralicias (16. 636 euros) y Red de Juderías (8.000 euros), de cuyo destino final “nadie sabe nada”, alega la portavoz de UPEX. Por el contrario, señala que “aquí hay asociaciones a la que por 1.500 euros (de subvención) se les pide el ADN, que es como debe ser”.