La Ley de Cuentas Abiertas impulsada por Podemos en seis autonomías, entre ellas en Extremadura, supone un “paso de gigante”, según la formación de Pablo Iglesias, para recuperar la confianza del ciudadano, “prevenir” la corrupción y que las administraciones “rindan cuentas” por su gestión. Así lo han señalado hoy los diputados autonómicos de Podemos en las comunidades autónomas de Murcia, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunitat Valenciana que han participado en una rueda de prensa conjunta, algunos por videoconferencia, celebrada en Les Corts Valencianes para presentar esta iniciativa, junto a dirigentes nacionales del partido. Se trata de una iniciativa de “transparencia”, con “coste cero”, y que facilitará a los ciudadanos toda la información sobre los ingresos y los gastos de cada institución pública. Se trata de una proposición legislativa similar a la que se presentó hace un mes en Andalucía, y que pretende que las administraciones públicas “rindan cuentas” a los ciudadanos, en respuesta a uno de los ejes principales de la formación: “la transparencia”.
No tiene dificultades técnicas La propuesta determina la obligación de publicar qué tipo de cuentas hay, el CIF, cuáles son las entidades bancarias y sucursales con las que se trabaja, así como el detalle de todos los movimientos, ha explicado el diputado autonómico de Madrid y responsable de acción institucional del Área de Finanzas y Transparencia del Consejo Ciudadano Estatal, Miguel Ongil. Desde el punto de vista técnico “no tiene ninguna dificultad”, ha señalado Ongil, quien ha precisado que los costes de su aplicación son mínimos y que lo único que se necesita es “voluntad política”. Ha destacado la importancia del “castigo” a la corrupción, pero considera que también es importante trabajar en el sentido de “prevenir” esas malas prácticas. Podemos considera que con la publicación de las cuentas se podría incentivar “otro tipo de comportamientos”, y demostrar que los grupos políticos “están de verdad por lo hechos y no solo por las palabras”, ha agregado. Ongil ha explicado que La Ley de Cuentas Abiertas se basa en el artículo 105 de la Constitución Española que asegura el derecho de los ciudadanos al acceso a la documentación de la Administración, y en menor medida en la Ley de Transparencia estatal y de las diferentes comunidades autónomas, y convenios europeos. Sobre la información que se incluiría en la Ley, figuran las cuentas bancarias de la administración autonómica y de las personas jurídicas, entidades de derecho privado o público, con los límites que establece la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y por otras leyes que declaren el carácter secreto de algún dato. Respecto al coste de su aplicación, ha asegurado que sería mínimo porque se utilizaría la “norma 43” de la Asociación Española de Banca que “normaliza qué tipo de información se puede suministrar” en código abierto, una operación “automatizable que solo habría que subir al portal de transparencia”. Según Ongil, esta proposición de ley pretende “perseguir los fraudes” y no la publicación de nombres propios“, para lo cual se asignaría un ”identificador“ a cada persona y de esa forma ver sus movimientos en las cuentas si hay indicios de alguna irregularidad. Con esta medida, ha manifestado la secretaria de Acción Institucional del Consejo de coordinación Estatal de Podemos, Auxiliadora Honorato, la formación pretende ”parlamentarizar la vida pública“. Ha resaltado que se ha presentado además en la Comunitat Valenciana, una de las ”más castigadas“ por los casos de corrupción en España. El portavoz del grupo parlamentario de Podemos en Les Corts Valencianes, Antonio Montiel, ha informado de que su formación ha registrado hoy la proposición de ley en la cámara valenciana.