PP y Vox abren la puerta a la privatización de las carreteras en Extremadura

La Junta de Extremadura apuesta por “fórmulas de colaboración público-privadas”, es decir, privatización, para la construcción de infraestructuras, en concreto carreteras y autovías, y de viviendas protegidas. El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, lo avanzó el miércoles en una feria sectorial con un amplia presencia del sector privado y este jueves lo ha ratificado en la Asamblea.

En concreto, Martín ha anunciado que su departamento estudia ya dejar en manos privadas el diseño, construcción y explotación las autovías Zafra-Jerez de los Caballeros en la EX-112, Badajoz-Olivenza en la EX-107 y Cáceres-Miajadas en la EX-206. Esta fórmula de financiación consistiría en que todo el “ciclo del proyecto” se llevara a cabo por la misma empresa, que obtendría incentivos para ajustarse a los plazos y presupuesto fijado, o penalizaciones. La adjudicataria también tendría la obligación del mantenimiento de las vías “por encima de unos determinado estándares de calidad”.

El consejero ha asegurado que esta financiación de las infraestructuras no implicará que los extremeños tengan que pagar por circular por las autovías regionales“ y ha enumerado las que, a su juicio, son las ventajas de esta fórmula. Por un lado, permite a la administración reducir el número de contratos que tiene que licitar y gestionar: ”por cada contrato licitado de modelo de colaboración público-privada, harían falta 11 contratos por el procedimiento de gestión pública“, a la vez que ha aludido al retorno económico vía impuestos.

También ha señalado la necesidad de establecer una equidad intergeneracional, repartir la inversión de forma que su pago no recaiga exclusivamente en una sola generación de contribuyentes. Según Manuel Martín, los países más avanzados utilizan este modelo fundamentalmente para el mantenimiento y renovación de la red de infraestructuras básicas que ya habían desarrollado con anterioridad, o para completar esa red sin afectar a los presupuestos públicos que “normalmente están comprometidos en gastos sociales, comunicación, sanidad y pensiones”.

Endeudamiento de la Junta con las empresas de cosntrucción

El consejero obtuvo réplica el miércoles del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que advirtió que las empresas de este sector en la comunidad tienen el tamaño que tienen y hacer una colaboración público-privada supone dárselo a empresas grandes que no son extremeñas “y quienes salen ganando son las financieras”.

Por su parte, el portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Ramón Ferreira, ha considerado una “broma” y una “ocurrencia” el anuncio de la Junta, que supone “un cambio de modelo que trasciende no solo a la legislatura, sino a cualquier ciclo político y que además conlleva endeudar a Extremadura para las próximas décadas ante entidades privadas”.

Igualmente, ha advertido de que lo que plantea la Junta es dejar de licitar lo proyectado para Zafra y Jerez de los Caballeros, una vía de alta capacidad (carretera 2+1) y empezar de cero porque quiere “una autovía para la que no tiene dinero”: “es como decir que renuncia a tener coche porque quiere un Ferrari”, ha apostillado.

Para el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas, hay que ser “valientes” y explorar este tipo de vías de financiación para unas infraestructuras como las tres autovías objeto de la iniciativa que se anunciaron hace décadas y que son “promesas incumplidas del PSOE”.

En esto mismo ha insistido el parlamentario del Grupo Popular José Manuel García Ballestero, quien ha reprochado al PSOE su “cinismo político” al exigir ahora que se haga en nueve meses lo que no han hecho durante sus gobiernos, en los que “prometen, comprometen e incumplen”, con una escasa ejecución en materia de infraestructuras.

Desde Unidas por Extremadura han echado en falta concreción en la comparecencia del consejero, al tiempo que el parlamentario Joaquín Macías ha recordado que el PP es “responsable de la restricción presupuestaria” de las administraciones públicas porque “votó en contra del aumento de techo de gasto”.