La propuesta de ley seguirá su tramitación en la Asamblea de Extremadura, pero será gracias a la mayoría absoluta del PSOE. Ningún grupo de la oposición ha apoyado el intento por legalizar 55 espacios ZEPA y, de paso, la urbanización de lujo Isla de Valdecañas, ni siquiera PP y Cs, que siempre se han mostrado en contra del derribo del complejo urbanístico.
La oposición ha pedido al grupo socialista que retire su propuesta, a la que la que calificado como “chapuza” y “barbaridad jurídica”, y PP y Ciudadanos han pedido además que la Junta asuma su responsabilidad y pida perdón por la “ilegalidad” en la que están estas zonas.
El pleno de la Asamblea ha debatido las enmiendas a la totalidad de PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura (UPE) a esta propuesta socialista. Mientras que populares y Ciudadanos se han centrado en la falta de amparo normativo de las 55 ZEPAS actuales y cómo ha condicionado el desarrollo y proyectos empresariales en estos veinte años, Unidas Podemos ha criticado que su elaboración pretende proteger intereses particulares, en referencia al resort de lujo.
El PSOE, por su parte, la ha justificado en dar seguridad jurídica y legitimidad a futuras decisiones, según su portavoz, Lara Garlito, que ha acusado al PP y UPE de coincidir, pese a que digan lo contrario, en una campaña de desprestigio de Extremadura que pone en peligro las inversiones.
Garlito ha defendido que muchas zonas de Extremadura ven condicionado su desarrollo por su inclusión en zonas protegidas, por lo que su obligación es “cerrar problemas derivados” de la no aprobación expresa de estas zonas y colaborar en ese cambio de estrategia y mentalidad que garantice la llegada de proyectos y empleo, siempre de manera sostenible.
La portavoz socialista ha lamentado que el PP se oponga a que esta propuesta se haga por la vía de urgencia cuando durante sus cuatro años de gobierno presentó 13, y ha insistido en que, a diferencia de los populares, su partido sigue estando en contra de la demolición de Valdecañas, como queda de manifiesto en esta propuesta, que una vez aprobada, lo declarará como de interés público.
“Chapuza” y “barbaridad”
Este extremo ha sido rechazado por el portavoz del PP, Bibiano Serrano, que ha reiterado que su “incondicional” apoyo al proyecto y contra su demolición, pero ha añadido que no serán cómplices de una “chapuza” para intentar arreglar la ilegalidad que supone que durante veinte años se haya defendido la existencia de 55 zonas protegidas cuando no existía respaldo legal.
Serrano ha asegurado si desde el primer momento, cuando los ecologistas presentaron las primeros recursos contra el complejo, la Junta hubiera reconocido lo que reconoce ahora, que no existe respaldo legal para estas ZEPAS, no se hubiera llegado a la situación actual. Por eso, cree que los socialistas deben “pedir perdón” y ha instado a la consejera de Transición Ecológica, Olga García, a que dimita por haber dicho en la Asamblea que estaban legalizadas.
También el portavoz de Ciudadanos, Fernando Baselga, ha calificado la iniciativa de “auténtica chapuza jurídica” y de “falta de ética total” del PSOE “por haber tardado 25 años” en darse cuenta de esta situación, y aunque se ha mostrado en contra de Valdecañas, ha considerado que “esta no es la solución” para impedir su demolición. A su juicio, lo coherente sería esperar a la decisión del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados contra su demolición, y ha lamentado que aunque la intención del PSOE es dar seguridad jurídica el mensaje que se da a los que quieran invertir en Extremadura es el contrario.
Además augura “indemnizaciones a porrillo” por parte que aquellos que se hayan sentido perjudicados en aplicación de una protección inexistente, propone que se aborde la legalización “una por una” de estas zonas con los trámites pertinentes, y ha anunciado que Ciudadanos “no perderá el tiempo” en presentar enmiendas parciales, que va a se rechazadas por la mayoría socialista.
Por su parte, la portavoz de UPE, Irene de Miguel, se ha preguntado “quien es el cerebro de este esperpento”, y ha criticado que tanto PP como Ciudadanos den por bueno que estas ZEPAS no tienen amparo legal y aprovechen para denunciar un excesivo proteccionismo medio ambiental y culpar a los ecologistas de la falta de desarrollo económico de la región.
A su juicio, en su intento por evitar el derribo de Valdecañas, el PSOE recurre “a un nuevo truco para hacer pasar por legal lo ilegal” y ha augurado que “acabarán denunciados por prevaricación” y la justicia tumbará la propuesta.