El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Cáceres ha fallado que el alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, incurre en “causa de incompatibilidad desde el 19 de noviembre de 2020”, según ha informado este jueves el PSOE, por lo que debe dejar el cargo.
Esta incompatibilidad se produjo, han explicado los socialistas en un comunicado, tras desistir de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia que le condenaba por maltrato a su ex mujer, que se hizo firme.
Los socialistas ya denunciaron que el regidor “incumple la Ley Electoral si no renuncia a su acta”, por lo que solicitaron un pleno extraordinario para revocar al alcalde independiente, que abandonó las filas del PP a principios de 2020 y consiguió otra mayoría cuando los cinco concejales populares del anterior ejecutivo se dieron de baja en el partido y pasaron al grupo independiente.
La revocación en ese pleno extraordinario no salió adelante porque Aguilera contó con la mayoría necesaria.
Tampoco salió adelante la votación en otra sesión plenaria de octubre de 2020, que no declaró la incompatibilidad y consiguiente vacante de Aguilera, “a pesar de que así lo establecía un informe emitido por el Secretario Interventor del Ayuntamiento”, ha apuntado el PSOE.
Finalmente, el PSOE acudió a los tribunales y el juzgado ha resuelto anular el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres de 23 de febrero de 2021 “por ser contrario a Derecho”.
Al respecto, el PSOE provincial esgrimía en su demanda que “la Ley Electoral dice expresamente que aquellos condenados por sentencia firme deben de abandonar inmediatamente su acta de concejal, por un tema de incompatibilidad”.
Los socialistas denunciaron que “haciendo caso omiso a lo dispuesto en las normas e informe del asesor jurídico municipal”, Aguilera “se ha atornillado al sillón municipal, obligando al PSOE de Malpartida de Cáceres a ejercer las acciones judiciales pertinentes para restablecer la legalidad vulnerada en el Ayuntamiento, lo que ha sido confirmado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo”.
Para el PSOE, la sentencia “refuerza que Aguilera no puede seguir siendo concejal y, en consecuencia, alcalde. Con su actitud, no sólo está perjudicando el buen nombre de los malpartideños por estar gobernados por un regidor tres veces condenado judicialmente, sino también por el perjuicio a las arcas municipales, pues va a suponer un gasto adicional de alrededor de 20.000 euros”, ha subrayado.
Eso, según el PSOE, es lo que “se ha invertido en contratar con dinero público a un abogado externo para dirimir una causa privada que pretende presentar como institucional, alegando que afecta a la figura de alcalde”.
“No entiende”, han indicado los socialistas, “que no ha cometido un delito grave en el ejercicio de sus funciones sino en su vida personal”, por lo que “los fondos para costear a abogados que defiendan sus causas personales no deberían salir del dinero público sino de su bolsillo”.
Por último, han destacado que “el pueblo de Malpartida de Cáceres necesita que sus representantes sean dignos del puesto que ocupan, y no estén manchados por pronunciamientos judiciales, que les condenen por violencia de género y le declaren como inhabilitado para seguir siendo cargo público”.
También han insistido en que la alcaldía la ganó en las urnas el PP y que “a ellos les corresponde asumir dicha responsabilidad”.