Literalmente, la derogación de la ley de Memoria Histórica no era una prioridad para el Gobierno de María Guardiola en Extremadura, pero puede que ahora sí vea la urgencia si quiere sacar adelante los presupuestos de 2025, los primeros que elabora en minoría después de que Vox rompiera el pacto a principios de verano.
La extrema derecha marcó un perfil bajo el tiempo que duró la unión con el PP en la comunidad, pero ahora está aprovechando sus cinco votos en la Asamblea para poner contra las cuerdas a la Junta y coseguir lo que no fue posible: el cumplimiento de los acuerdos pactados hace 16 meses y que siendo socios se les resisitía, sobre todos los más ideológicos.
Entre ellos está la derogación de la ley de Memoria Histórica y la aprobación de una ley de Concordia. La Junta dio largas a esta pretensión y, una vez roto el pacto con Vox, lo guardó en un cajón porque ya no era una “prioridad” ni estaba “sobre la mesa”, aunque no lo descartó. La última vez que la Consejería de Cultura sostuvo esa afirmación fue hace una semana en una comisión en la Asamblea en respuesta a una pregunta del PSOE.
Sin embargo, Vox ha registrado este viernes en el parlamento extremeño su propuesta de Ley de Concordia, que derogaría la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura del año 2019. Y no parece casual: lo hace aprovechando la minoría en que la que se encuentra el PP y justo cuando se inicia la tramitación de los prespuestos autonómicos para el año que viene, que han entrado en la Asamblea sin los apoyos necesarios para que sean aprobados.
El diputado Álvaro Sánchez-Ocaña ha dicho que se trata de “cosas del calendario político” y que no tiene que ver “una cosa con la otra”. Pero el registro de la propuesta también se produce un día después de otro toque de atención de la extrema derecha al PP, cuando tumbó en el pleno del parlamento la convalidación de un decreto de medidas fiscales en materia de vivienda, que ha quedado derogado.
Esta ley de Concordia es una de las “máximas” que siempre ha defendido su formación, ha afirmado Sánchez Ocaña, y que era el punto 48 del acuerdo de gobierno. Además, el PP conoce el texto desde mayo, dos meses antes de que se rompiera el pacto.
La propuesta de ley de Vox busca, por un lado, acabar con “el relato único, tanto ideológico como histórico, que se ha apropiado por desgracia de la política del país en los últimos seis años”, y dejar la investigación histórica y su divulgación a los profesionales que son los historiadores.
En segundo lugar, pretende que “todos los fondos de esta ley vayan a parar directamente a las exhumaciones, que no se pierda por el camino en todas las asociaciones, charlas y demás diatribas” como sucede, a su juicio, hoy en día y que “ese dinero sirva para que no quede ninguna familia sin recuperar los restos de un antepasado, independientemente del bando en el que lucharon y de su ideología”.